Todos los partidos políticos con representación
en el Parlamento Vasco
mostraron ayer al PP que le espera
la soledad si persiste en la defensa
de un endurecimiento del sistema
vasco de ayudas sociales, el mejor de
España, medidas que tendrían especial
afección entre los extranjeros.
Los populares se vieron forzados a
retirar una iniciativa programada para
el pleno de ayer «relativa a la revisión
del actual sistema de protección
para combatir el fraude en las ayudas
sociales» tras ser advertidos de
que PNV, EH Bildu y PSE-EE habían
acordado boicotear la intervención
de la promotora de la moción, Laura
Garrido, con algún tipo de plante al
que seguiría la lectura de un comunicado
conjunto de protesta por una
campaña del PP que ven «xenófoba»
y «demagógica».
En realidad, la iniciativa de Garrido
no tenía nada que ver con la reforma
legal que presentó su compañero
y alcalde de Vitoria, Javier Maroto,
sino que trataba más bien de
mejorar el funcionamiento de Lanbide.
Pero el resto de partidos consideraron
oportuno dar un toque de
atención al PP en previsión de futuros
acontecimientos.
Fue el martes cuando se iniciaron
las conversaciones para torpedear el
debate de la propuesta de Garrido.
Se planteó desde un abandono masivo
de los escaños hasta renunciar a
usar los turnos de réplica para dejar
sola en la tribuna a la representante
del PP. También estaba cerrado un
texto conjunto que miembros de
PNV, EH Bildu y PSE-EE leerían tras
la votación y que censuraría la campaña
iniciada por Maroto y que ahora
ha hecho suya todo el PP.
Sólo UPyD se iba a quedar fuera
de esta escenificación que no se llegó
a interpretar con la maniobra de
retirada de última hora, justificada
por portavoces del PP como necesaria
para lograr consensos previos en
torno a Lanbide antes de someterla
a votación. La formación unionista,
además de no sentirse cómoda en
una acción concertada con la izquierda
abertzale, manifestó que
prefería combatir la propuesta popular
desde la tribuna.
Los partidos implicados confirmaron
que existía ese acuerdo y que venía
motivado por el hartazgo ante los
mensajes «neurotóxicos» vertidos
por el PP y especialmente por el alcalde
de Vitoria contra los inmigrantes.
Confirmaron también que hay
voluntad de mantener una «entente»
para bloquear cualquier tipo de debate
sobre ayudas sociales que promueva
el PP, que ha contraatacado
asegurando que buscará la «fuerza
de la calle» y recogerá firmas para
dar mayor legitimidad a su propuesta
de reforma legal.
Fuentes parlamentarias sitúan como
posible momento en el que el PP
se dio cuenta de las intenciones del
resto de partidos unas palabras lanzadas
por el presidente del PNV en
Radio Popular. «A Maroto tendríamos
que decirle todos ‘no y punto’»,
declaró en la emisora.
En todo caso, la situación forzó a
que la propia presidenta del PP vasco
ofreciera una rueda de prensa extraordinaria
en plena hora de comer.
Arropada por su número dos, Nerea
Llanos, por el portavoz, Borja Sémper,
y por varios
asesores, proclamó
que pese a lo
ocurrido el PP no
se ve obligado «a
parar nada» en
torno a sus iniciativas
para evitar
los «abusos» en la
concesión de ayudas
sociales. «Seguimos
adelante»,
garantizó.
La comparecencia
de Quiroga
fue tensa pero la
dirigente del PP
no rehuyó ninguna
pregunta. Aunque
rechazó hacer
autocrítica, evitó
también las frases
más polémicas
lanzadas por Maroto
sobre los supuestos
fraudes
cometidos por inmigrantes para centrarse
en que los cambios son imprescindibles.
Porque, dijo, «a muchos
vascos en situación de necesidad
las ayudas sociales no les están
llegando» mientras que el Gobierno
vasco asume ya que los pagos indebidos
de prestaciones en Lanbide suman
más de 70 millones desde 2012,
de los que apenas se ha recuperado
una pequeña cantidad.
«El PP defiende sus iniciativas y
mantiene sus debates y muy especialmente
por el tema que nos ocupa
ahora. No comprendemos la cerrazón
de los grupos, y muy especialmente
del PNV, a la hora de abrir un
debate sobre las ayudas sociales»,
señaló Quiroga. Asimismo, rechazó
que la iniciativa de Maroto sea restrictiva
–eleva el requisito de padrón
a los 10 años y exige haber cotizado
a la Seguridad Social, entre otras
medidas– porque «miles de vascos
que en este momento no pueden acceder
a ayudas van a poder hacerlo».
En el PP mantendrán las espadas
en alto porque, además, es un debate
que sienten que rentabilizarán
electoralmente. Maroto, con el arrope
del partido, impulsará la recogida
de firmas aunque dejará la campaña
en manos de la «sociedad civil». «Los
ciuidadanos lo están viendo claro.
Seguimos adelante», zanjó la jefa.