El PP vasco retiró hoy a última hora una moción para pedir la puesta en marcha del servicio de inspección de la renta de garantía de ingresos (RGI) y otras prestaciones sociales después de conocer que el resto de grupos políticos habían llegado a un acuerdo para “plantar” a los populares y no participar en el debate.

La decisión de PNV, EH Bildu y PSE de pactar esta respuesta conjunta nace de la consideración de que la moción forma parte de la estrategia “populista” impulsada por el PP bajo el liderazgo del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, en torno al uso que de la RGI hacen los inmigrantes. Fuentes de estos grupos aseguraron que no querían participar en una estrategia que creen perniciosa. “El objetivo era y sigue siendo evidenciar que el PP y Maroto están solos en este tema”, añadieron.

La respuesta de los tres grupos se enmarca en sus críticas a la decisión de Maroto y el PP de abrir un debate sobre el uso supuestamente fraudulento y abusivo de la RGI por parte de algunos colectivos de inmigrantes, y la propuesta de una reforma legal para dejar fuera de esta prestación a los extranjeros sin permiso de residencia y a quienes no puedan acreditar diez años de padrón.

El alcalde de Vitoria anunció esta semana su intención de recoger firmas para presentar esta propuesta de reforma legal como una iniciativa legislativa popular (ILP). Todos los partidos, a excepción como es lógico del PP, están censurando esta medida y el Gobierno vasco llegó a advertir este pasado martes de los riesgos de “socializar” este debate. En este contexto el pleno del Parlamento Vasco iba a debatir hoy una moción del PP que pedía entre otras cosas la puesta en marcha del servicio de inspección de Lanbide para controlar la RGI y otras ayudas sociales y perseguir el fraude. El resto de grupos acordó no presentar enmiendas y realizar un plante en el momento del debate de la iniciativa.

PNV, EH Bildu y PSE habían barajado en primer lugar levantarse de sus escaños y abandonar el salón de plenos, pero finalmente el acuerdo era no participar en el debate y realizar después una declaración conjunta. No hubo lugar para esta escenificación porque sus planes llegaron a oídos de la parlamentaria del PP y autora de la iniciativa, Laura Garrido, que retiró la moción en el último momento. UPyD se había quedado al margen del acuerdo de los grupos mayoritarios al entender que “estamos para debatir”, si bien iba a dejar constancia en la tribuna de su rechazo a la estrategia del PP.

El PP explicó que su decisión de retirar la moción se debe a que “nos había llegado que el resto de grupos no iban a entrar al debate de fondo” y no se daba por lo tanto un clima para una discusión “constructiva”. Los populares anunciaron, eso sí, que reformularán la moción con un contenido similar a través de una proposición no de ley. Más adelante, la presidenta del PP vasco, Arantrza Quiroga, explicó que el PP reclama un “debate de verdad” en torno a esta cuestión “y no un circo”.

La moción de los populares pedía al Gobierno vasco adoptar medidas para “subsanar las deficiencias de funcionamiento de Lanbide y mejorar la eficacia y eficiencia de su gestión para cumplir los fines y funciones encomendadas”, y culminar a la mayor brevedad la estructura organizativa de este organismo público con la aprobación de la relación de puestos de trabajo. Concretamente, solicitaba la constitución en el plazo de dos meses de la unidad de control de Lanbide y el servicio de inspección para el control y seguimiento de las ayudas sociales. También demandaba al Gobierno vasco “centrarse en el objetivo de la empleabilidad y ampliar los actuales niveles y ofertas de servicio de intermediación a personas y empresas”, y reclamaba su comparecencia antes de fin de año para presentar un informe sobre la situación de Lanbide, una evaluación de su plan estratégico y sus planes de futuro.