Bilbao – Como mínimo, una flagrante incoherencia. Mientras el PP de la CAV cierra filas, aparentemente, sobre la propuesta de Javier Maroto para promover una recogida de firmas con el objetivo de endurecer las ayudas sociales, ese mismo partido lleva pidiendo en el Parlamento Vasco desde el pasado mes de marzo que los miembros de la Cámara, esto es el mismísimo alcalde de Gasteiz, no puedan impulsar la figura de la Iniciativa Popular Legislativa (ILP).

La endiablada polémica originada por el primer edil gasteiztarra el pasado mes de julio parece no tener fin, como se comprobó ayer en el Parlamento Vasco, donde se evidenció la completa soledad del PP al jalear un discurso político que arrancó cuando Maroto acusó a marroquíes y argelinos de venir a vivir de las ayudas sociales. Los populares han transformado esa línea de argumentación en las últimas semanas, tratando de diluir sus connotaciones xenófobas para tirar por elevación y reclamar, así, en general, que “los jetas y aprovechados no se lleven las ayudas sociales”.

Este argumento monopoliza el discurso político de la formación de Arantza Quiroga, que se ha volcado en dar cancha a Javier Maroto en su estrategia por crear un caldo de cultivo electoral de cara a los comicios municipales y forales del próximo mes de mayo. De hecho el endurecimiento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) será el argumento nuclear de la campaña electoral del PP en la capital gasteiztarra, la ciudad vasca con mayor porcentaje de población inmigrante y donde los populares se juegan el todo por el todo en la próxima cita en las urnas.

personalismo La apuesta de Javier Maroto es nítida y cristalina en un momento en que las sensibilidades están a flor de piel debido a las necesidades crecientes de numerosos colectivos afectados por la crisis y el desempleo. Así que el alcalde de Gasteiz ha doblado su apuesta al presentarse como el impulsor de una ILP que lleve a una reforma legislativa para endurecer las condiciones de la RGI, como llevar más de diez años empadronado en Euskadi o haber cotizado antes a la Seguridad Social. Su propuesta excluye por completo de las ayudas a los inmigrantes irregulares. “Voy a promover una recogida de firmas en la calle para conseguir modificar esta ley – aseveró el pasado fin de semana – . Vamos a ir a las tiendas a los bares, a los centros comerciales y a los barrios para pedir a la gente que, si cree en lo que les digo, que firme”. La campaña de recogida de firmas, según adelantó, la organizará y la pagará el PP, no el Ayuntamiento de Gasteiz.

Esta apelación a “la fuerza de la calle”, a echar mano de un procedimiento de recogida de apoyos diseñado para colectivos ciudadanos y no para parlamentarios en ejercicio como el propio Maroto ha recibido una avalancha de críticas, entre ellas las del Ararteko y las del Gobierno vasco, que ha llegado a hablar de “uso fraudulento” del instrumento de la ILP, ya que el PP a través de su grupo parlamentario o del propio político alavés está habilitado para presentar en la Cámara cualquier proposición que defienda sus postulados y sobre la que el Parlamento debatirá y se posicionará.

contradicción Y es que la apuesta de Maroto de encabezar la búsqueda de 30.000 firmas chirría con la postura que mantiene su partido en el Parlamento desde el pasado mes de marzo, fecha en la que el PP registró sus enmiendas a la proposición de ley de UPyD para reformar la actual Ley de Iniciativa Legislativa Popular. La propuesta de Gorka Maneiro, que en la actualidad se está estudiando en ponencia, fija requisitos a los promotores de todas las ILP. En concreto, UPyD excluye como posibles impulsores a los parlamentarios, junteros, ediles, diputados, senadores y eurodiputados. Curiosamente, todos los grupos de la Cámara coinciden a través de sus enmiendas en que los parlamentarios deberán quedar excluidos de los colectivos impulsores de las ILP, aunque luego cada uno de ellos varía en el número de excepciones.

También el PP reclama en sus enmiendas que los políticos que ocupan un escaño en el Parlamento no puedan impulsar esta recogida de firmas. Lo llamativo del caso es que, a diferencia del resto de partidos, los de Quiroga excluyen únicamente y en concreto a los parlamentarios. En el apartado justificativo de la enmienda, el parlamentario del PP Carmelo Barrio, que es quien firma las correcciones, llega a decir que “las demás limitaciones en el ejercicio de los derechos carecen de sentido”.

desde la “sociedad civil” Esta contradicción flagrante obligó a Arantza Quiroga a precisar ayer mismo que la ILP no la impulsará Maroto, un parlamentario, como él lleva diciendo desde la semana pasada, sino que “se va a promover desde la sociedad civil”. La presidenta del PP de la CAV se vio obligada a contestar a los periodistas durante el pleno del Parlamento Vasco después de que su grupo se encontró en la necesidad de retirar minutos antes del debate una propuesta sobre las ayudas sociales después de que PNV, EH Bildu y PSE acordaran un plante a los populares. Eso sí, Quiroga, al igual que un día antes Nerea Llanos, cerró filas con Maroto, al asegurar que el PP “asume” el discurso del alcalde de Gasteiz.

Reforma de la ilp