pamplona – El presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Ansoáin, Berrioplano, Berriozar, Iza y Juslapeña, Koldo Pla, acudió ayer a la comisión de Políticas Sociales del Parlamento de Navarra para denunciar que “la política de aglomeración de viviendas sociales en un mismo espacio tiene un riesgo evidente de crear guetos si no se dispone de medidas suficientes para un seguimiento de la situación, que es lo que está ocurriendo en Berriozar”.

En la comparecencia, celebrada a solicitud de Txema Mauleón (Izquierda – Ezkerra), Pla expuso que en Berriozar hay 96 familias en unos bloques importantes de viviendas sociales situados en la calle Oianondoa, en una zona cercana a Decathlon: “Siempre ha habido problemas, que aparecen con picos, y éste es uno de esos momentos donde la tensión generada es bastante importante. Ocurre que hay un grupo de unas seis familias – de etnia gitana – que crean bastantes conflictos y tensiones, generando suciedad en elementos comunes, vaciado de bolsas en rellanos, en algún caso usando el ascensor como váter o utilizando los garajes como talleres”. La situación, según indicó, provoca “riñas” entre esas familias y “mucha intranquilidad al resto de vecinos”.

El trance llegó a tal punto que Nasuvinsa, que gestiona estos pisos de alquiler, se sintió “sobrepasada y vino a plantearnos si había alguna solución posible y nos propuso hacer un estudio a fondo de la situación”; algo que sorprendió a la Mancomunidad porque, siendo una empresa pública, lo lógico hubiera sido pedir ayuda al Gobierno foral. Tras revisar las 96 familias y eliminar las que nunca han generado conflicto, así como otras dudosas, la Mancomunidad consideró “conveniente un estudio con visitas domiciliarias a unas 50”, si bien si la actuación debe ser rápida “tendríamos que cerrar el Servicio Social para hacer ese trabajo”. Al mismo tiempo, recibieron un informe del Secretariado Gitano en el que les alertaban de que “hay familias que no pueden soportar ya la tensión de vivir allí, pero que no pueden denunciar” porque ya se les tacha de “apayarse” y, de hacerlo, la situación se tornaría “insoportable”. A esto, se suma que hay cinco pisos vacíos “porque algunas familias se niegan a ir por miedo y otras porque Nasuvinsa paraliza la adjudicación por no aumentar el problema”, ya que la normativa permite “elegir el lugar donde quieres la vivienda” y hay solicitantes muy próximos a los conflictivos que piden en la zona.

Para intentar resolver la situación, la Mancomunidad exigió que se cambie la norma para posibilitar que, cuando se dé un riesgo grave de crearse guetos y con un filtro muy controlado, “Nasuvinsa adjudique las viviendas no a quien está primero en la lista sino a quien esté primero siendo una familia relativamente normalizada”, de modo que haya “unos límites al número de familias conflictivas que se puedan agrupar”. Asimismo, sostuvo que para negociar se requiere “personal especializado que tenga a la vez una función educativa y coercitiva” y propuso crear un tipo de vivienda de transición (casas con algo de terreno y con monitorización) antes de incorporarse a los pisos.

respuestas Para Mauleón, “todo cambio de normativa que contemple excepciones debe tener una alternativa que dar a esas familias” y se comprometió a interpelar a los consejeros de Vivienda y Políticas Sociales con el fin de que “pongan los recursos necesarios para que, junto con ustedes, se pueda abordar esta situación”. El regionalista Francisco Javier Lorente aseguró que “es un problema fundamentalmente de convivencia”. La socialista Mª Victoria Arraiza dijo que, “en la medida que los desarrollos se organicen de acuerdo con bloques de viviendas con distintos precios y ya de partida destinados a distintos niveles, nos vamos a encontrar con este problema”. Desde Bildu, Víctor Rubio criticó los recortes del Gobierno a los servicios sociales, mientras estos “se ven desbordados”, y abogó por un “cambio de normativa transversal” teniendo en cuenta a los servicios sociales.

El portavoz de Aralar – NaBai y alcalde de Berriozar, Xabi Lasa, señaló que en 2012 la Policía Municipal llevó a cabo 64 intervenciones en calle Oianondoa 10; en 2013, 94; y en lo que llevamos de 2014, 122; “una progresión creciente porque las problemáticas derivadas de la crisis agudizan la convivencia entre familias y la pobreza lleva a lo que lleva”. Informó de que los agentes “tienen que tener una dedicación muy alta” a esta cuestión, consideró urgente “hacer un baremo con niveles de inserción” e instó a Nasuvinsa, que “se encuentra superada por el problema”, a dedicar “mayor presupuesto a poner técnicos sociales suficientes para hacer un mayor seguimiento”.

Amaya Zarranz (PP) señaló que “es un problema serio, grave, que no afecta solo a Berriozar y que hay que estudiar muy a fondo porque tiene una solución muy complicada”. Tras mencionar que “hacer 96 viviendas sociales juntas es un poco temeroso”, Patxi Leuza (Geroa Bai) afirmó que “tienen que intervenir muchísimos departamentos del Gobierno de Navarra si quieren meter mano a este problema”.

Finalmente, Koldo Pla reconoció el compromiso social de Berriozar, que “cuando acogió bloques de 96 viviendas probablemente era porque otros no querían”, y anunció que la Mancomunidad se reunirá el jueves con el departamento de Políticas Sociales, Nasuvinsa, los equipos de Adsis e Isovi, La Majarí y Policía Foral “para ver si entre todos se plantean propuestas más definidas y ver a quién compete la solución de cada cosa”. Ellos harán el estudio, aunque tengan que “buscar una financiación colateral”.