La Comisión de Ayuda al Refugiado en la CAV (CEAR – Euskadi) ha considerado «obsceno» que se quiera «criminalizar» a los inmigrantes que son «gente digna que quiere trabajar» y «personas pobres que lo tienen mucho más complicado» que las del Estado español.

El abogado y presidente de CEAR – Euskadi, Javier Galparsoro, ha manifestado la «preocupación» de esta organización por la «vulnerabilidad a la que se está exponiendo a personas inmigrantes» y la «criminalización» sobre este sector de la poblaciónpor parte del alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, y el diputado general de Araba, Javier de Andrés.

Tras censurar las acusaciones de cobro indebido de las Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de ambos dirigentes alaveses, ha insistido en que estas personas «no tienen la culpa de la crisis y, además, no tienen opción de poder trabajar».

Después de considerar que estos discursos «de corte racista» son «una maniobra claramente electoral», Galparsoro ha denunciado que Maroto quiera, además, hacer suyo un instrumento como la ILP «que pertenece al pueblo y no a los partidos». Además, ha emplazado a los partidos políticos a que «se miren su propio ombligo» y pongan como «referentes de sus preocupaciones» a los miembros de sus formaciones que «han saqueado».

Galparsoro ha lamentado que «cada vez está más cuestionado» el trabajo de las asociaciones y colectivos que realizan una labor de apoyo a las personas inmigrantes. «Es durísimo, estamos en un momento de avalancha de críticas cuando apoyamos a personas que están perseguidas, que han visto vulnerados sus derechos humanos», ha señalado, para lamentar que «la conquista social» que supuso la paga de la RGI se ponga ahora en entredicho.