EL anuncio por el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto (PP), de la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento Vasco con el fin de variar las condiciones de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no es el simple empecinamiento personal en aquella ocurrencia de algo más que tintes discriminatorios sobre los magrebíes. Se trata, por el contrario, de agudizar la peligrosa estrategia populista que el PP del País Vasco ha puesto en marcha ante la falta de otra base ideológica o razonada con la que presentarse ante los electores debido a su escasa gestión local, su nula aportación a la paz y la normalización y su incapacidad para revertir la crisis acompañada por sus responsabilidades en el ataque continuado al bienestar de los ciudadanos y el amparo o permisividad ante el desfalco de lo público en el Estado. Y es que no puede entenderse salvo como campaña electoral la pretensión de obviar la propia condición de parlamentario del alcalde Maroto y su capacidad, por tanto, para promover en la Cámara una revisión de la actual ley para optar por una amplia recogida de firmas, mucho más arriesgada en cuanto a la generación de crispación social, más lenta en su tramitación y posiblemente más gravosa para el mismo erario público que Maroto dice que pretende defender. Si, además, todo se resume, tal y como se ha planteado hasta ahora, a un mero endurecimiento de las condiciones de acceso a la RGI – ampliación del periodo de empadronamiento exigido o cotización previa a la Seguridad Social – , se puede deducir que no sería un pretendido fraude en la recepción de las ayudas lo que preocupa a Javier Maroto. En realidad, con 194.530 expedientes revisados y 36.578 suspensiones de las ayudas en poco más de un año, difícilmente puede esgrimirse la pretensión de un mayor control del fraude. En todo caso – además del evidente interés electoral – la preocupación de Maroto radicaría en la extensión de la necesidad de dichas ayudas públicas, tanto por la responsabilidad que compete al PP en el aumento de las carencias sociales como por la flagrante comparación entre el sistema de garantías vasco, destacado incluso a nivel europeo, y el en la práctica inexistente sistema de garantías de una administración pública estatal que tantas veces ha defraudado las necesidades y la confianza de los ciudadanos.