El alcalde de Vitoria, Javier Maroto
(PP), es consciente de que su
propuesta para restringir las ayudas
sociales a los extranjeros y
acabar con los «abusos» no tiene
recorrido político. El resto de los
partidos está claramente en contra
y, como recuerda él mismo sin esconderse,
la oposición municipal le
dio la espalda mientras votaba unida
una moción de reprobación por
considerar que su política tiene tintes
racistas y xenófobos. Por ello,
Maroto lo fía todo a «la fuerza de la
calle», a una arriesgada campaña
de recogida de firmas que convierta
en iniciativa legislativa popular
(ILP) unas medidas que Maroto,
como parlamentario vasco, podría
haber llevado perfectamente a la
Cámara desde hace tiempo.
«Yo soy 1 de 75. En el mejor casos
10 de 75. La fuerza está en la
calle, en quienes están hasta las
narices de la gente que abusa [de
las ayudas sociales]», señaló Maroto
dejando claro que es consciente
de la minoría del PP en el Parlamento
Vasco, donde sólo cuenta
con esos 10 escaños que citaba.
Quizás lo ha hecho de modo algo
precipitado –con una entrevista periodística
y sin que la Ejecutiva del
PP le diera el ok–, pero Maroto ha
emprendido una estrategia inteligente
si su objetivo es mantener
candente el debate en la sociedad
de aquí a las elecciones del próximo
mes de mayo. Sabe que su iniciativa
moriría nada más cruzar la puerta
del Parlamento en caso de que la
presentara el PP e indicó también
que tramitar su propuesta como ILP
generará una «dilación» en los plazos.
La derivada: este debate seguirá
muy vivo hasta la cita con las urnas.
De hecho, no hay corrillo en Vitoria
en el que no se hable de
ayudas sociales e inmigración y son
muchos los whatsapps que se están
difundiendo con supuestos (y falsos
en muchos casos) casos de fraude
en el cobro de la renta de garantía
de ingresos u otras prestaciones.
Maroto se reunió ayer con el
lehendakari, Iñigo Urkullu, y además
de concretarle sus medidas para
reformar el sistema de protección
social –extranjeros en situación irregular
y «delincuentes» fuera, llevar
diez años empadronado en el País
Vasco y haber cotizado a la Seguridad
Social, entre otras– le confirmó
que va a iniciar en breve la recogida
de firmas inspirado en los activistas
contra el fracking, que desde Vitoria
han logrado impulsar que 100.000
vascos se opongan a esta técnica de
extracción de gas del subsuelo y forzado
que el Parlamento retome un
debate al que dio carpetazo hace
muy pocos meses. «Sin las firmas
esa iniciativa hubiese quedado en un
no en bloque [en el Parlamento].
Ahora va a ser distinto. Cuando se
tramite, la fuerza de la calle dará
que hablar y que pensar», señaló
Maroto, que aseguró que su plan
no se limita a Vitoria y que ya ayer
había empezado a recibir llamadas
de ciudadanos de «Eibar y de
Getxo» dispuestos a apoyarle. Espera,
pues, rebasar con holgura el mínimo de 30.000 apoyos exigido.
Lo que no está todavía del todo
claro es cómo se formalizará la recogida
de firmas. Maroto aseguró
que el Ayuntamiento como tal no la
impulsará, ni tampoco el PP. De hecho,
apuntó que él sólo será «uno
más» entre los firmantes. Pero sí
habló de que su equipo está buscando
«un local discreto», se sobrentiende
que en Vitoria, en el
que anónimamente los ciudadanos
que lo deseen puedan dejar su DNI
y rúbrica para restringir el acceso
a las ayudas sociales. Dejó claro
que no son válidas las firmas en Internet
ni las que se presenten en
formularios distintos a los oficiales.
En la rueda de prensa posterior
al encuentro con Urkullu, que se
alargó bastante más de lo previsto,
el propio Maroto comentó a los periodistas
que el lehendakari le había
pedido expresamente que desistiera
de su idea de recoger firmas
y tramitar la ILP. «Lo único
que va a hacer es ahondar las diferencias
e incrementar la crispación
», señalaron portavoces del
lehendakari en declaraciones a
Vascopress. Y añadieron: «[Esta
campaña] Puede obedecer al interés
personal de prolongar este debate
público durante meses».
El consejero de Empleo y Políticas
Sociales, Juan María Aburto,
que mantuvo una reunión con Maroto
el 23 de julio para conocer sus
propuestas y en la que al parecer
nada le dijo sobre la recogida de firmas,
se pronunció también en la
misma línea. Habló de que incitar
ciertos debates sobre inmigración
puede quebrar la «paz social». Lo
hizo en el Parlamento, donde compareció
precisamente para hablar
de un caso clamoroso de fraude en
las ayudas sociales. Aseguró que los
sistemas de control funcionan en
Lanbide, el organismo que gestiona
las prestaciones principales.