el lehendakari le pide que no impulse la iniciativa

Maroto recurrirá a la "fuerza de la calle" para tratar de endurecer las condiciones de acceso a la RGI

Anuncia una campaña de recogida de firmas para llevar su propuesta al  Parlamento Vasco

Diario de noticias de Alava, ep, 13-10-2014

El alcalde de Gasteiz, Javier Maroto (PP), ha apelado a la “fuerza  de
la calle” para que el Gobierno vasco y el resto de partidos de  Euskadi
acepten sus propuestas de “mínimos” para endurecer las  condiciones de
acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), por  lo que promoverá,
“como un ciudadano más”, una recogida de firmas  para llevar al
Parlamento vasco una Iniciativa Legislativa Popular  (ILP) para
modificar la normativa que regula esta prestación.

GASTEIZ. Maroto ha lanzado este mensaje tras reunirse con el lehendakari,  Iñigo Urkullu, en la sede de la Presidencia del Gobierno vasco, en un  encuentro en el que han analizado diversas cuestiones sobre  inversiones en Alava, el ‘fracking’ o sus propuestas para restringir  el acceso a la RGI a numerosos colectivos.


Las medidas, entre las que se encuentra excluir de esta renta a  persona inmigrantes sin permiso de residencia y a ciudadanos que  lleven menos de diez años empadronados en Euskadi o que no hayan  cotizado nunca a la Seguridad Social – tanto de nacionalidad española  como extranjera – – , fueron presentadas la semana pasada por Maroto.


El alcalde de Gasteiz, que está siendo investigado por la Fiscalía  por decir que marroquíes y argelinos “viven de las ayudas sociales y  no quieren trabajar”, ha defendido estas medidas como forma de evitar  el supuesto “abuso” en el acceso a estas prestaciones.


En su intervención, ha aludido en reiteradas ocasiones a la  “fuerza de la calle” para argumentar su decisión de impulsar una  campaña de recogida de firmas para llevar estas medidas al Parlamento  vasco a través de una ILP, un instrumento que permite tramitar  medidas legislativas en la Cámara si cuentan con el respaldo de al  menos 30.000 firmas.


Maroto ha asegurado que impulsará esta campaña “como un ciudadano  más” y ha asegurado que para ello no se utilizarán los recursos del  Ayuntamiento. Al ser preguntado sobre si será el PP el que financie y  dé soporte logístico a esta iniciativa, ha afirmado que esto es algo  que aún “no está pensado”.


CONVULSIONAR


Según ha asegurado, el lehendakari le ha pedido que “no impulse”  esta iniciativa. No obstante, ha asegurado que la recogida de firmas  es necesaria para “convulsionar” al resto de partidos y hacer que “se  muevan”, dado que hasta el momento, todos las formaciones políticas  vascas han rechazado las medidas que propone por considerarlas  “populistas” y perjudiciales para la cohesión social.


Maroto ha considerado que esta medida es la única forma que podrá  “convencer” al resto de partidos para que dejen de “mirar hacia otro  lado” respecto a la modificación de la normativa que regula la RGI.


Aunque las medidas que planteó inicialmente eran siete, el alcalde  de Vitoria ha destacado que las que considera “de mínimos”, es decir,  irrenunciables por su parte, son tres: impedir el acceso a esta  prestación a las personas sin permiso de residencia, a quienes hayan  cometido delitos y a quienes – con algunas excepciones – – no hayan  cotizado nunca a la Seguridad Social.


RECHAZO AL “RACISMO


Maroto, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que  con sus mensajes sobre este asunto esté alentando comportamientos  xenófobos y racistas, ha asegurado que no “comparte” ni “asume” este  tipo de actitudes.


El alcalde de Gasteiz ha expresado su “condena” a las “agresiones  o pintadas” de carácter racista que puedan producirse, ya que esta no  es la “fórmula” adecuada para defender ningún planteamiento en una  sociedad “civilizada”.


Maroto, que ha insistido en que no se “arrepiente” ni pedirá  “perdón” por sus críticas a las personas de origen magrebí, ha  denunciado que no se puede permitir que quien no tenga un permiso de  residencia reciba la RGI, ya que “se perpetúa” en el cobro de esta  prestación. Según ha asegurado, el cambio de la normativa sobre esta  ayuda es un asunto “capital”, que ha comparado con otros problemas  como “el fraude fiscal y la corrupción”.

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