Una factura de 5.700 euros ha recibido una paciente que carecía de tarjeta sanitaria por estar en situación de irregularidad. Fue intervenida en un hospital de la Comunitat tras sufrir un infarto. Como entró por Urgencias, el coste de la operación no se le cobró, pero sí que le han facturado el tiempo que estuvo en la UCI de otro centro hospitalario de la red pública al que fue trasladada y donde estuvo recuperándose hasta que recibió el alta.

Este es uno de los último casos de factura que ha llegado a la organización Médicos del Mundo de la Comunitat. «Esta mujer tiene dos opciones: pagar, que evidentemente no es posible, ¿quién tiene de golpe 5.700 euros?, o reclamar por la vía contencioso-administrativo porque responde a una atención urgente», explica el presidente de la ONG, Rafael Sotoca. Esta vía, la judicial, es la que se pretende extender desde Odusalud. Es un Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana, formado por organizaciones sociales (entre ellos Médicos del Mundo), con cerca de 70 entidades, que actúan de centinelas para denunciar y dar respuesta a los casos que les llegan. «Lo que recibimos es solo la punta del iceberg de lo que ocurre», insisten.

Miles de inmigrantes irregulares en la provincia se encuentran atrapados en un limbo sanitario tras dos años de aplicarse el Real Decreto 16/2012 del Gobierno central que reformaba los servicios de salud públicos. Unos recortes que han dejado sin tarjeta sanitaria a 78.000 extranjeros en la Comunitat – último dato que se hizo público desde Sanidad- y actualmente son muchos los que temen acudir a los servicios médicos, incluso a Urgencias, ante el temor de que les cobren. Aguantan hasta el final poniendo en peligro su vida. Y es que la exigencia de firma de un compromiso de pago previo a la asistencia, la factura y el miedo a que ésta se ejecute han tenido un efecto disuasorio, según alertan los sanitarios.

«En este hospital se ha notado el descenso de la inmigración y no solo porque hayan vuelto a sus países, también es por el tema de la factura y aunque se supone que en Urgencias no se cobra no se fían; cuando vienen al hospital es porque ya están fatal, lo que supone un gran riesgo para la salud», afirman desde CC OO en el Hospital de Alicante.

Una consulta médica ronda los 80 euros, una intervención puede llegar a los 3.000 y el precio se dispara si se trata de una hospitalización, señalan desde Médicos del Mundo. Unos precios elevados, pero que es lo que le cuesta al sistema sanitario, y que para cualquier ciudadano y más aún para una persona que se encuentra sin trabajo y sin cobertura legal resultan totalmente desorbitados.

«En el caso de esta mujer que sufrió el infarto le salvaron la vida, pero el problema con el que se va a encontrar es no tendrá medios para comprarse la medicación que seguro necesitará, ¿tiene sentido el esfuerzo y coste que se ha hecho cuando no va a poder seguir el tratamiento?», arremete Sotoca, al tiempo que cuestiona el Programa Valenciano de Protección a la Salud.

La Conselleria aprobó en agosto del pasado año este programa ante la medida del Gobierno para permitir a inmigrantes recuperar la asistencia sanitaria, aunque no el derecho, y sin pasarles la factura del gasto. Los requisitos de acceso son ser ciudadano extranjero, irregular y sin recursos económicos, mayor de edad y ser residente en la Comunitat durante al menos un año.

Asimismo, no debe tener reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social la condición de asegurado o beneficiario, ni terceros obligados al pago, no poder exportar la asistencia sanitaria desde el país de origen o procedencia y no reunir los requisitos exigidos para la suscripción de un convenio especial de prestación asistencial.

El programa de salud

Desde Médicos del Mundo afirman que este plan de Sanidad no está teniendo suficiente repercusión. Es decir, no está llegando a los todos los posibles beneficiarios por la falta de información y difusión y destacan los últimos datos ofrecidos por la Generalitat en el mes de mayo. Solo se han habían acogido 3.500 personas y hay que tener en cuenta que a 78.000 se le fue retirada la tarjeta en la Comunitat.

«Estas cifras no han podido variar mucho, teniendo en cuenta que en verano siempre hay un parón de la actividad», señala el presidente de la organización, que deja claro que desde Odusalud lo que se pide es la derogación del decreto. El programa, los trabajadores sociales de los centros de salud pueden tramitarlo, no es la solución porque «es interno y no está reconocido por un decreto». De su continuidad en la dotación depende la voluntad que tenga la administración.

El concepto de extranjero irregular ya no se corresponde según añade al de la imagen que se tiene de un inmigrante que llega en patera. «Estamos hablando de personas que llevaban años viviendo en la Comunitat, que se compraron un piso y se hipotecaron y que con la crisis perdieron su trabajo y no pudieron renovar sus papeles quedándose en una situación irregular», apostilla. Aunque reconoce que con la crisis son muchos los que se han marchado, el flujo migratorio se mantiene. El retorno a sus países ha sido más acusado entre ciudadanos, por ejemplo, de Ecuador, pero también están entrando más extranjeros procedentes de Senegal, Libia… en general del Norte de África.

Pese a tratarse de una población joven y sana, organizaciones sociales y entidades llevan tiempo advirtiendo de los riesgos para la salud y las consecuencias de convertir a todos estos ciudadanos en asegurados, mientras niegan que esté suponiendo un ahorro sanitario, tal y como argumentaron desde el Gobierno.

El último informe de Odusalud mostraba más de 700 incidencias recogidas en la Comunitat en estos dos años. Casos de trasplantados, personas de medicación crónica, (como los enfermos de VIH o enfermos mentales), pero también embarazadas y problemas con 79 menores. La ley establecía una serie de excepciones por las cuales tendrían derecho a ser atendidos sin acabar con una factura cuando se entrara por urgencia en una enfermedad grave, una asistencia al embarazo, parto y postparto, y estaría garantizada la atención a menores. Sin embargo, no siempre ocurre así. «Pueden justificar que ha sido un error, pero vuelve a repetirse», denuncia Sotoca ante los casos de denegación a menores que les están llegando. «Un niño que no se le da todos los recursos, tanto sociales, sanitarios, como educativos será un adulto con problemas», advierte.

SITUACIÓN
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años se han cumplido desde la aplicación delreal decreto 16/2012 del Gobierno central que reformaba los servicios de salud públicos y que, según Odusalud, ha dejado a 78.000 inmigrantes sin tarjeta.

Efecto disuasorio
Las entidades advierten del efecto disuasorio que está teniendo la medida. El miedo a la factura y al cobre echa atrás a muchos inmigrantes. En estos dos años de recortes, el observatorio ha recogido más de 700 incidentes en la Comunitat y algunos de menores.

Barrera administrativa
Según Odusalud, la atención primaria es la que ha quedado bloqueada por el Real Decreto. Dos de cada tres casos recogidos corresponden a personas que no superan la barrera administrativa, no llegan a ser evaluados directamente por personal sanitario.

Recuperar la asistencia
La Conselleria de Sanidad aprobó en agosto del pasado año el Programa Valenciano de Protección a la Salud para permitir a inmigrantes recuperar la asistencia sanitaria, aunque no el derecho. Los últimos datos es que se habían acogido 3.500 personas.