La inmigración es una realidad de nuestra sociedad que requiere de políticas públicas coordinadas y de un amplio consenso social. Parece fundamental que quienes están gestionando los dineros públicos tengan conocimiento y conciencia de lo que es ser inmigrante y también las necesidades de las personas autóctonas que viven necesitadas por la situación de paro y precariedad. Las declaraciones a cuenta de las ayudas sociales para agitar a la ciudadanía sobre un tema sensible y controvertido creando un estado de opinión en la sociedad para sacar un rédito electoral en beneficio propio no parece la postura más responsable en los dirigentes políticos que tienen la obligación de hacer una justicia social lo más ajustada y solidaria posible. Un estudio de Aztiker concluye que el 86,9% de los encuestados considera que todos los residentes en un territorio, inmigrantes incluidos deben de tener los mismos derechos y deberes. El principio básico para la convivencia reside en aceptar las normas que la mayoría nos hemos dado para con nosotros mismos. Existe preocupación en la población por la falta de recursos básicos en muchas familias nativas que viven necesitadas y recurren a los servicios sociales de sus municipios y se encuentran con dificultades burocráticas para ser atendidas sus demandas. Impedir que haya desagravios entre la población nativa e inmigrante corresponde a las instituciones valorar de manera objetiva para que nadie salga perjudicado.