El alcalde de Vitoria y parlamentario
del PP, Javier Maroto, aspira a
que su propuesta de reforma legislativa
de las condiciones de acceso
a las ayudas sociales, dada a conocer
el pasado martes y que dejaría
fuera del sistema a miles de extranjeros,
cuente con el respaldo
de firmas ciudadanas y se convierta
en iniciativa legislativa popular
(ILP). Espera así tratar de sortear
una evidencia, que sus medidas no
cuentan con el apoyo de ningún
otro partido político en el Parlamento
Vasco. «Vamos a recoger firmas
en la calle para cambiar el sistema
de ayudas sociales y evitar
abusos», señaló ayer Maroto en
Twitter después de adelantarlo en
una entrevista a El Correo.
«La idea de la recogida de firmas
para evitar que sigan los abusos en
las ayudas sociales es de muchos
ciudadanos», indicó Maroto. De
hecho, esta misma semana pudo
comprobarlo en la inauguración
del primer supermercado de Mercadona
en el País Vasco, ubicado
en la ciudad, aunque allí también
sintió en primera persona el rechazo
que su discurso de mano dura
contra los extranjeros genera en
otro importante sector de Vitoria y,
desde luego, entre los propios inmigrantes,
según Nortexpres.com.
Maroto no quiere perder el tiempo.
«Estoy preparando ya las hojas
reglamentarias para la recogida de
firmas y un local para ello», apuntó
el alcalde de Vitoria a sus seguidores
en Twitter, a los que recordó
que las firmas por medio de Internet
no son válidas con la actual regulación
de las ILP.
Para que una propuesta ciudadana
pueda llegar al Parlamento Vasco
se requieren 30.000 firmas, más
del 10% de la población de Vitoria.
El PP sopesa extender la campaña
al resto de la comunidad autónoma
para poder lograr su objetivo, aunque
el partido tiene plena capacidad
para registrar cuantas iniciativas
desee en la Cámara. El propio
regidor comparó esta campaña con
la articulada contra el fracking, que
sí consiguió elevar al Parlamento
una ILP contra la extracción de gas
mediante fractura hidráulica.
Este nuevo paso de Maroto deja
bien claro que ni siquiera la golosina
de poder inaugurar de aquí al final
de su mandato una nueva estación
de autobuses después de más
de dos décadas de retraso y otras
infraestructuras le va a apartar de
su estrategia política contra los
«abusos» de los inmigrantes en el
cobro de prestaciones sociales, que
le ha valido incluso que la Fiscalía
haya abierto una investigación por
un posible delito de «discriminación
». Este tipo de mensajes le fueron
muy bien en la campaña electoral
de 2011 y los repetirá ahora.
El dirigente del PP propone, entre
otras medidas, excluir del sistema
a los extranjeros en situación
irregular y exigir 10 años de empadronamiento
y haber cotizado a la
Seguridad Social para cobrar las
ayudas. Asegura que no es racista
y que no señala a personas, sino a
las normas, pero salpimenta sus
propuestas de mejora en la norma
con frases polémicas como «A lo
mejor no habla ni castellano y tiene
una ayuda vitalicia» o «En muchas
ocasiones hay ilegales que no
han trabajado nunca y que cobran
una ayuda muy superior a la pensión
de quien ha trabajado 40 años
deslomándose por su familia».
Maroto expondrá hoy su plan al
lehendakari, Iñigo Urkullu, con el
que se reúne dentro de la ronda de
contactos con diferentes líderes políticos
e institucionales que está llevando
a cabo el presidente del Gobierno
vasco. El alcalde, además,
exigirá más respeto del Ejecutivo
del PNV hacia la capital vasca y reclamará
inversiones pendientes como
la ampliación del tranvía.