La mayor red de proxenetas de Vigo, desmantelada en la operación Sol en el 2004, será juzgada el próximo martes pero, probablemente, los siete acusados no irán a la cárcel porque la Fiscalía ha pedido que sus penas de prisión, de hasta 4 años de cárcel, sean sustituidas por multas de hasta 28.000 euros y trabajos en beneficio de la comunidad. Salen beneficiados con la atenuante de dilaciones indebidas porque la causa estuvo paralizada entre el 2008 y el 2010, el juicio se demoró diez años y porque cinco de los siete acusados reconocieron los hechos. La vista empezará el día 14 en la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. El cargo de proxenetismo fue reconvertido en tráfico de inmigrantes ilegales.

El principal implicado es José L.R. y se enfrenta a 2 años de cárcel por un delito de inmigración clandestina y tráfico ilegal de 9 extranjeras con pertenencia a organización, y a otros dos años por una estafa agravada por defraudar 352.759 euros con tarjetas de crédito robadas o clonadas. Obtuvo una atenuante tras devolver 20.000 euros y reparar el daño. La Fiscalía está a favor de suspender sus 4 años de prisión por dos multas de 14.400 euros.

José L. gestionó entre 1997 y 2003 la discoteca Goldfinger, el pub Vigo Noche, el Club Garden de Pontevedra, el Disco Bahamas de Vigo y el Media Luna, en Arnoso, en Ponteareas. Allí trabajaban 9 mujeres, que además de alternar y bailar con los clientes o hacer estriptís, prestaban servicios sexuales en reservados o habitaciones preparadas con sábanas y preservativos. Cobraban de 60 a 120 euros la hora y recibían la mitad tras varios descuentos.

Para gestionar sus locales, creó las sociedades Inloriga, Carlo Garden, Show Alquila y Disco Funky Music y se nombró administrador o puso de testaferros. Desde 1998 al 2004, gestionó la entrada de 9 mujeres procedentes de Venezuela o Brasil a las que abonaba el billete de avión. Llegaban por los aeropuertos de Oporto, Lisboa o Rossy – París y simulaban ser turistas, lo que infringía la ley de extranjería. Dormían en pisos y hostales con la obligación de abonar entre 780 y 2.000 euros de la deuda del viaje. Arturo G.M. se enfrenta a 2 años de cárcel por captar a las víctimas en Venezuela y Costa Rica. Guillermo L. se enfrenta a 2 años de cárcel por controlar la recaudación de los clubes desde la oficina de una tapería en la calle Rosalía de Castro y por ser cómplice de su hermano en el fraude con tarjetas robadas o clonadas que pasaban por las terminales de pago TPV de tres restaurantes, un asador, un bar, 4 clubes, un comercio y sociedades. Los perjudicados son extranjeros.