donostia – El Ararteko, Íñigo Lamarka, expresó ayer su preocupación por el aumento de la xenofobia en Euskadi como una de las reacciones a la situación de deterioro social y económico provocado por la crisis económica.

Lamarca presentó ante el pleno del Parlamento Vasco su último informe anual de actuaciones, correspondiente a 2013, ya que a mediados de este mes entra en funciones al haber agotado su segundo mandato. En su intervención, Lamarca mostró su “honda preocupación” derivada del “contexto socioeconómico en el que se ejercen los derechos sociales, sobre todo los relacionados con el sistema de protección” social en la actualidad.

Curiosamente, esta visión choca diametralmente con la postura de la Diputación de Gipuzkoa, que el miércoles presentó un informe sobre Diversidad identitaria encargado a la empresa Aztiker. Entonces, la directora foral de Migración y Diversidad, Itziar Pildain, destacó que la sociedad vasca tiene una actitud “abierta” hacia los colectivos inmigrantes, por lo que se puede concluir que “no es racista”.

En su intervención, el Ararteko recordó que este contexto de aumento del racismo en Euskadi se caracteriza por el aumento del desempleo, una tasa “insoportable” de paro juvenil, “las estrecheces presupuestarias”, el incremento de las desigualdades, así como del riesgo de exclusión social y el descenso brusco e importante del nivel de vida y de ingresos de amplias capas de la población”.

También recordó el aumento “notable” de la precariedad laboral y social, y de la “incertidumbre” ante el futuro, el deterioro de las condiciones y de los derechos laborales, el aumento de la xenofobia, y el “debilitamiento de la necesaria legitimación social de las instituciones públicas”.

“Estos elementos dan lugar a un escenario en el que se observa una quiebra del valor de la solidaridad, así como del llamado contrato social, que son los pilares sobre los que descansa el edificio del Estado social”, subrayó.

A juicio del Ararteko, esta situación “dibuja un cuadro extremadamente delicado y genera un clima muy negativo para el ejercicio de los derechos y la acción de las políticas públicas”.

Dentro de estas políticas públicas hizo especial referencia al sistema de protección social y, en particular, a los “dispositivos de prevención y lucha de la exclusión social y de la pobreza”, una exigencia del ordenamiento jurídico y un “deber ético íntimamente unido a la garantía de la dignidad de todas y cada una de las personas que viven en la Comunidad Autónoma Vasca”.

Reiteró la necesidad de trabajar “con ahínco” a favor de los valores de la solidaridad, de la equidad y la justicia sociales, de la inclusión y la cohesión sociales, “tejiendo para ello amplios consensos políticos y sociales”.

“Me gustaría que nadie pudiera decir que en Euskadi no se cumple o no se quiere cumplir lo dispuesto por el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y para ello, recordó, “hay que proteger debidamente la dignidad de todas y cada una de las personas que viven” en el País Vasco.

Una herramienta fundamental a juicio de Lamarca para garantizar esa cohesión social es la Renta de Garantía de Ingresos, que contribuye a mantener las tasas de pobreza y exclusión de la Comunidad Autónoma por debajo de la media de la Unión Europea.

Reconoció que el año pasado se produjeron “mejoras notables” en la gestión de la RGI y de la Prestación Complementaria de Vivienda, aunque advirtió de que quedan cuestiones pendientes y urgentes para su resolución.

Entre ellas, citó la necesidad de que se amplíen los recursos materiales y humanos en todas las oficinas de Lanbide, así como el desarrollo reglamentario de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

En el funcionamiento del sistema apuntó una crítica relativa a las “denegaciones injustificadas de inscripción en el padrón” de personas de etnia gitana.

Lamarca concluyó que es “ineludible” superar estas situaciones ya que el empadronamiento constituye un requisito indispensable para el acceso a los sistemas de protección social, sanitario y educativo; en definitiva, para la garantía de los derechos sociales. – Efe