El Ministerio del Interior, sus fuerzas de seguridad y los medios de comunicación se han encargado de que una imagen concreta se haya quedado grabada en nuestras retinas: decenas, cientos de migrantes caminan hacia la valla fronteriza de Melilla con la intención de rebasarla. Algunos lo logran, otros permanecen encaramados a ella durante horas y la mayoría son rechazados, quedando a merced de los agentes marroquíes, que no dudan en emplearse con dureza. En los pies de foto y de vídeo abundan los términos “avalancha” y “asalto masivo”, acompañados de los adjetivos “ilegal” o “irregular”. La Comisión de Observación de Derechos Humanos (CODH), que visitó la Ciudad Autónoma a principios de julio, denuncia que la “hipervisibilidad” de la verja fronteriza oculta las crudas condiciones que sufren los migrantes a uno y otro lado de la valla.

En Marruecos se enfrentan a la violenta represión de los agentes encargados de impedir que alcancen la frontera, así como a la situación de extrema precariedad en la que subsisten en los montes cercanos. En Melilla, la larga lista de deficiencias comienza por las instalaciones “precarias y peligrosas” del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI): su entorno es insalubre ante la ausencia de servicios de limpieza; los dos traductores no dan abasto; una única psicóloga, desbordada, presta una atención deficiente; la violencia de género ha aflorado, sobre todo en las familias siria, cuyos hijos pequeños en ocasiones no son atendidos adecuadamente por sus padres, que delegan en sus hermanas mayores; y se repiten las actitudes racistas y homófobas, hasta el punto de que la población LGTTBI ha sufrido “insultos, vejaciones y agresiones”.
“El Gobierno da una respuesta militar a una situación de crisis humanitaria”

Estas carencias han sido reflejadas en el informe Vulneraciones de los derechos humanos en la Frontera Sur – Melilla, que ha sido presentado hoy en el Colegio de Abogados de Madrid, donde los ponentes dejaron claro que, además de la valla, el foco mediático expone la saturación del CETI, mientras las causas y consecuencias permanecen a la sombra.

Una forma de desviar la mirada, según Ana Fornés, que cree conveniente “ampliarla al ciclo represivo”: devoluciones “sumarias” o en caliente que vulneran la legislación, violencia y torturas por parte de los agentes marroquíes ante la pasividad de las fuerzas de seguridad españolas, redadas en las calles y en espacios privados, explotación laboral “alarmante” y agresiones contra las mujeres porteadoras en los pasos fronterizos, etcétera. “Una violencia invisibilizada, pero estructural”, resume Fornés, miembro de la Campaña por el cierre de los CIE, que forma parte de la CODH junto a la Coordinadora Estatal para la Prevención de la Tortura, el Grupo de Acción Comunitaria, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

“La visibilidad mediática de la inmigración es una herramienta diplomática que fuerza a la Unión Europea a destinar más recursos para reprimirla”, critica su compañero Christian Orgaz, que también acusa a Marruecos de emplear la misma táctica y de convertir la frontera en un “negocio”. Fue patente este verano, añade, con las sucesivas llegadas de subsaharianos. “Hubo saltos porque Rabat no hizo nada para impedirlo”, una forma de presionar al Ejecutivo español y, por extensión, a Bruselas, sostiene. “Tanto Melilla como Nador son regiones con poca actividad económica que dependen del puerto y de la frontera, pero si das dinero a Marruecos y no vigilas que se protejan los derechos humanos estás pagando a mercenarios”, concluye el portavoz de la Campaña por el cierre de los CIE. “Está claro que el Gobierno español da una respuesta militar a una situación [de crisis] humanitaria”.

Así plasma el proceso: la cobertura de la llegada de extranjeros al perímetro fronterizo de Melilla salta de la prensa local a la estatal; el Ministerio del Interior da la alarma y el Gobierno hace un llamamiento a las autoridades comunitarias para que ofrezcan más dinero, que se traducirá en medios represivos, no en la mejora de las condiciones de los migrantes. “Es entonces cuando el Ejecutivo anuncia la creación o ampliación de la valla para acabar con el problema”, prosigue Orgaz, quien denuncia que “levantar un muro es muy visual” pero no deja de ser una medida “superficial” que no responde a la pregunta de por qué miles de personas deciden dejar atrás sus hogares para jugarse la vida en el tortuoso tránsito hacia Europa.
“La visibilidad mediática de la inmigración es una herramienta diplomática para obtener dinero y poder reprimirla”

“Entre ellas hay personas que necesitan una protección especial: refugiados políticos, víctimas de trata con fines de explotación sexual, discriminados por su identidad y orientación sexual, otros potenciales solicitantes de asilo y niños”, enumera Irene Ruano, miembro del Grupo de Acción Comunitaria, quien recuerda que este año, según ACNUR, en Melilla sólo pidieron asilo nueve personas pese a la llegada de numerosos refugiados procedentes de países en conflicto como Siria y Mali.

Ruano aclara que muchos ciudadanos susceptibles de solicitar protección internacional no dan el paso porque implicaría la “demora de su estancia en el CETI” o, en el caso de ser trasladados a la Península “de forma arbitraria”, se arriesgarían a que acarree una orden de expulsión. Mientras, otras personas especialmente vulnerables, como el colectivo LGTTBI o mujeres que han sufrido agresiones, también se eternizan en el limbo del centro de extranjeros, donde se reproducen “casos de violencia verbal y física e incluso intentos de suicidio”, subraya la también activista de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, que se encontró con unas instalaciones habilitadas para 480 personas que habían visto desbordada su capacidad hasta las 1.600, de las cuales 435 eran menores.

“Cuando se habla de saturación parece que nos referimos a un almacén donde se acumulan cajas”, ironiza Orgaz, quien reconoce que las instalaciones fijas del CETI son “aceptablemente dignas” mientras que en las “soluciones improvisadas” (las tiendas de campaña y el gallinero, un dormitorio con 70 literas) hay riesgo de incendios, inseguridad y falta de intimidad. “El problema es estructural, pero resulta más evidente cuando está saturado. Por ello, los recursos no deberían ser destinados a la valla sino a aumentar los medios y el personal del CETI”, zanja.

Una verja que también eclipsa a los menores no acompañados, que “malviven en cuevas y contenedores cerca del puerto a la espera de poder entrar en la Península”, explica Patricia Orejudo. No van al colegio y están abocados al hambre, a la mendicidad, al consumo de drogas, a la trata y a la delincuencia. Muchos han huido de centros de tutela, señala el informe, que aboga por otro enfoque pedagógico que sustituya los “métodos disciplinarios rígidos” y los “castigos psicológicos y físicos” por un sistema en el que prime la protección y la educación. “Son casos en los que el Estado no ha asumido la tutela de los menores, lo que constituye un abandono por su parte”, apunta la activista de la Campaña por el cierre de los CIE, que pone el foco sobre otra zona de sombra: la exclusión sanitaria.
“El trato áspero que reciben en los hospitales de Melilla es sistemático e institucionalizado”

Las personas en situación administrativa irregular no gozan de asistencia médica universal, excepto algunas excepciones, objeto de crítica por parte de la Comisión de Observación de Derechos Humanos, que considera el repago una “estafa” y las situaciones especiales que permiten franquear las puertas de un centro hospitalario (urgencia por enfermedad grave o accidente, embarazos o menores), “insuficientes”.

En Melilla, la situación se agrava, según Orejudo, pues la atención no se lleva a cabo en las condiciones legalmente previstas. "Hemos acompañado a personas y destapado la falta de asistencia sanitaria, la exigencia de un compromiso de pago previo al ingreso, unos cuidados médicos insuficientes y la inexistencia de tarjetas sanitarias para menores. “El trato en los hospitales es áspero”, asevera Orejudo, quien deja claro que no se trata de una excepción sino que es “sistemático e institucionalizado”.