baños de ebro – Es la repetición del drama de todos los años. Personas desaprensivas que abusan de la confianza de los menos favorecidos y les utilizan como mano de obra barata y sin cumplir la normativa que garantiza un trato digno a estos trabajadores. Es justo reconocer que en Rioja Alavesa son cada vez menos los casos que se dan de explotación de personas, pero esta vez le ha tocado la china a Baños de Ebro, según han confirmado desde el Gobierno Vasco, a través de la Ertzaintza.

Según la información que se ha hecho pública, la Policía autonómica de Laguardia imputó ayer jueves en Baños de Ebro a una pareja de empresarios, un varón de 51 años y una mujer de 41, por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener en condiciones infrahumanas a más de cuarenta temporeros. Se investiga además si han realizado falsos contratos de trabajo para facilitar la regularización de inmigrantes.

Las sospechas nacieron hace varios días. Con ellas, la comisaría de Rioja Alavesa abrió una investigación en septiembre al tener sospechas de que los ahora imputados realizaban prácticas ilegales en su relación laboral con temporeros venidos de Portugal. Según las averiguaciones policiales, en épocas de vendimia, recolección de fruta y verdura, u otros trabajos del campo, el empresario viajaba a ese país para contratar a trabajadores de forma temporal. Una vez en Baños de Ebro ofrecían el servicio de esos temporeros a otros empresarios y agricultores de la comarca.

Confirmadas las sospechas, en la mañana de ayer la Ertzaintza junto a inspectores de Trabajo del Gobierno Vasco y agentes de Extranjería de la Policía Nacional revisaron dos inmuebles, antiguas bodegas, donde permanecían alojados un total de 42 de esos temporeros al cargo de los dos empresarios.

Los agentes e inspectores comprobaron que esos trabajadores se encontraban viviendo en condiciones infrahumanas. Además de carecer de la consideración legal de vivienda, los inmuebles destinados a esos empleados carecían de espacio suficiente, iluminación, y condiciones de higiene. Al finalizar la inspección, los agentes policiales procedieron a imputar a la pareja, que estuvo presente durante esa comprobación, un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, la Policía vasca investiga si, a cambio de dinero, los dos implicados han realizado falsos contratos a extranjeros para facilitar su empadronamiento y regularización de residencia.

La Ertzaintza remitió las diligencias policiales al Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, que tenía conocimiento previo de la investigación. El atestado incluye un acta de inspección ocular y un informe fotográfico. Por su parte, la Inspección de Trabajo ha abierto un expediente administrativo por las irregularidades descubiertas. Los agentes de Extranjería, por su parte, no han detectado ningún caso de estancia ilegal.

En el pueblo se hablaba casi a hurtadillas de este tema. “Sí, esta mañana hemos visto a la Policía Nacional y la Ertzaintza que estaban por el pueblo”, comentaba el agricultor Luis Troncoso, pero al menos en apariencia, cada uno se dedicó a las labores de sus viñedos, aunque quien más o quien menos se había enterado de la razón de la presencia policial.

Un trabajador de color comentaba en la puerta de una lonja que la Policía había pasado por la calle, pero que no le habían pedido documentación. Explicaba que se encontraba bien en Baños de Ebro, en una lonja con alojamiento y baño y con comida. Otros sin embargo, rehuían la conversación. En las pequeñas explanadas delante de las lonjas donde suelen dormir, se veían ropas lavadas y tendidas y las grandes furgonetas en las que suelen desplazarse estos trabajadores, especialmente portugueses.

En estos momentos es visible la presencia de numerosos trabajadores temporeros en esta localidad riojanoalavesa. La inmensa mayoría de ellos se aprecia que están alojados y atendidos con las garantías mínimas de dignidad que establecen la normativa aprobada por el Gobierno Vasco y recogida en el convenio colectivo firmado en el año 2013 con los principales sindicatos.

Se trata de un convenio con vigencia para dos años y que es de obligado cumplimiento para todas aquellas explotaciones alavesas que contraten personal para las campañas de temporada. El acuerdo establece las normas básicas y regula las condiciones mínimas de trabajo de las personas temporeras que prestan sus servicios a las explotaciones agropecuarias como peones agrarios, en especial los relativos a proporcionar alojamiento a estos empleados, cuyo empadronamiento esté ubicado a más de 40 kilómetros de distancia del domicilio social de la empresa. Si no fuera posible ofrecer un alojamiento propio, deberán facilitar otro a su cargo.

Condiciones. Los alojamientos para temporeros no pueden ser en una lonja sin más. Deberán estar inscritos en el registro de inmuebles y equipamientos destinados a alojar personas trabajadoras de temporada y reunir unos mínimos de dignidad y comodidad. De hecho, la UAGA, principal gestora de la contratación de temporeros en Rioja Alavesa, excluyó este verano 200 de los 600 alojamientos que tenía constancia de su existencia, porque no reunían los requisitos.