El Ararteko, Iñigo Lamarca se ha despedido esta mañana de los parlamentarios vascos, después de diez años en el cargo, pidiendo a sus señorías un mayor compromiso con las situaciones de pobreza que se están incrementando en Euskadi debido a la crisis que no acaba de remitir desde 2007. Aunque Lamarca, que el 15 de octubre ya estará en funciones, no se ha referido de manera específica a las polémicas declaraciones del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, que apuntó a los inmigrantes magrebíes por instalarse en las ayudas sociales y vivir de ellas sin trabajar, sí ha lanzado una demanda genérica a los diputados vascos para que vayan más allá si es posible en la protección de todas las personas los que se han quedado sin protección social por desempleo, asi como en el cuidado de los colectivos que más sufren con una crisis que les está dejando desprotegidos.

En su informe anual, que presentó en marzo, y hoy se debate en pleno, describe que los ciudadanos presentaron 9.610 quejas, un 15% más que el año anterior. Más la mitad de los expedientes de queja tramitados tienen relación con los derechos sociales referidos a la educación, la sanidad, inclusión social y vivienda, entre otros aspectos. El 45% de los expedientes del Ararteko en los que había menores involucrados en 2013 tienen relación con situaciones de pobreza. El defensor no observa un “agravamiento importante” de la pobreza infantil, ante la falta de indicios en los servicios sociales, sanitarios o educativos, que niegan haber encontrado un “incremento sustancial y alarmante” de este tipo de casos. Pero resalta que es necesario mantener la “alerta” ante la tendencia ascendente de los indicadores empujados por la crisis.

“Me gustaría que nadie pudiera decir que en Euskadi no se cumple o no se quiere cumplir lo dispuesto por el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y para ello, ha recordado, “hay que proteger debidamente la dignidad de todas y cada una de las personas que viven” en Euskadi, ha dicho. Una herramienta fundamental a juicio de Lamarca para garantizar esa cohesión social es la Renta de Garantía de Ingresos, que contribuye a mantener las tasas de pobreza y exclusión de la Comunidad Autónoma por debajo de la media de la Unión Europea. Ha reconocido que el año pasado se han producido “mejoras notables” en la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda, aunque ha advertido de que quedan cuestiones pendientes y urgentes para su resolución.

Entre ellas, ha citado la necesidad de que se amplíen los recursos materiales y humanos en todas las oficinas de Lanbide, así como el desarrollo reglamentario de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. En el funcionamiento del sistema ha apuntado una crítica relativa a las “denegaciones injustificadas de inscripción en el padrón” de personas de etnia gitana. Lamarca ha concluido que es “ineludible” superar estas situaciones ya que el empadronamiento constituye un requisito indispensable para el acceso a los sistemas de protección social, sanitario y educativo; en definitiva, para la garantía de los derechos sociales. Los grupos políticos le han agradecido su dedicación durante este tiempo.