El ararteko Iñigo Lamarca se despidió
ayer del Parlamento Vasco con
un último discurso en el que, a modo
de resumen de sus diez años al frente
de la Defensoría del Pueblo, confrontó
la felicidad por el cese de la
actividad armada de ETA con su
«honda preocupación» por el «aumento
de la xenofobia», el incremento
de las «desigualdades y del riesgo
de exclusión social» y el «debilitamiento
de la necesaria legitimación
social de las instituciones públicas».
En la presentación ante el pleno
de la Cámara de su último informe
anual de actuaciones, correspondiente
a 2013 su mandato acabará el
miércoles si bien puede estar seis
meses como interino a la espera de
que los grupos acuerden su sustituto,
Lamarca fue muy contundente.
No acusó con nombres y apellidos
pero el destinatario de sus críticas
era el alcalde de Vitoria, Javier Maroto
(PP), por su restrictiva propuesta
para reformar el sistema de ayudas
sociales vasco y que, de prosperar,
dejaría a muchos sectores en
situación de vulnerabilidad fuera del
paraguas de la protección social, según
han denunciado asociaciones
que trabajan con inmigrantes y colectivos
en riesgo de exclusión social.
La Renta de Garantía de Ingresos
(RGI) a la que Maroto pretende cambiar
de arquitectura constituye, según
aseveró Lamarca, el instrumento
clave para lograr «la cohesión social
» y garantizar la dignidad de
todas las personas. El actual sistema
de garantía de ingresos expuso permite
que las tasas de pobreza y exclusión
del País Vasco se sitúen por
debajo de la media de la UE, lo que
consolida a Euskadi como «una de
las sociedades con menor nivel de
desigualdad en Europa».
Frente al planteamiento de Maroto,
que pide retirar las ayudas a inmigrantes
irregulares, haber cotizado a
la Seguridad Social para acceder a
una prestación y tener diez años de
empadronamiento, replicó que hay
que «trabajar con ahínco a favor de
los valores de la solidaridad, la equidad,
la justicia social, la inclusión y la
cohesión social».
A este respecto, dejó constancia de
que los dispositivos de
prevención y lucha de
la exclusión social
«son una exigencia
del ordenamiento jurídico
» pero «también
un deber ético íntimamente
unido a la garantía
de la dignidad
de todas las personas»
que viven en la CAV.
«Me gustaría que nadie
pudiera decir que
en Euskadi no se cumple
o no se quiere
cumplir lo dispuesto
por el artículo primero
de la Declaración Universal
de los Derechos
Humanos», expuso en
un mensaje con un
claro destinatario.
En su despedida,
Lamarca quiso que la
Cámara no se olvide del riesgo que
supone el incremento de la xenofobia
en una sociedad en la que se ha
ralentizado la llegada de inmigrantes.
Las actitudes racistas descansan
en el «deterioro social y económico»
provocado por la crisis, que deja una
«tasa insoportable de paro juvenil» y
un «descenso brusco e importante
del nivel de vida y de ingresos de
amplias capas de la población».
Una vez se agote su mandato, Lamarca
podrá permanecer seis meses
en el cargo de forma interina hasta
que los grupos consensúen su sustituto
con el apoyo de tres quintas partes
de la Cámara. A este respecto, las
formaciones señalan que las negociaciones
aún no han comenzado.
En caso de que no exista consenso
en el plazo de medio año, su adjunta,
Julia Hernández, asumiría esta responsabilidad.