Javier Maroto, alcalde de Vitoria y dirigente
del PP vasco, hizo pública
ayer, tres meses después de abrir el
debate sobre las ayudas sociales, un
esquema de siete puntos para el endurecimiento
de la Ley de Garantía
de Ingresos que su propio partido
avaló en 2008 y 2011 y que ahora ve
foco de «abusos» por parte de determinados
colectivos de extranjeros,
como trató de demostrar con ejemplos
figurados pero sin facilitar los
datos estadísticos que prometió en
verano. No pagar subsidios a inmigrantes
irregulares, exigir haber cotizado
y trabajado para tener una
prestación, tener una antigüedad mínima
de diez años en el padrón o
exigir trabajos comunitarios son sólo
algunas de las propuestas del PP.
Las medidas planteadas, que de
prosperar dejarían fuera de los sistemas
de protección social a miles de
personas en riesgo de pobreza pero
nunca «a las personas mayores» nacionales,
según se remarcó, llegarán
al Parlamento de la mano del propio
alcalde en los meses previos a las
elecciones municipales, en las que
Maroto se juega la reelección.
La estrategia política de Maroto,
lanzada como un globo sonda antes
del verano, ha alcanzado ya velocidad
de crucero y amenaza con
monopolizar una larga precampaña
electoral. En realidad, es un calco
de la línea seguida antes de los
comicios de hace cuatro años,
cuando las denuncias de fraude en
las ayudas sociales y la mano dura
IKER RIOJA ANDUEZA / Vitoria con las mezquitas dieron buenos
resultados al candidato del PP en
las urnas, como también ocurrió en
otras ciudades como Badalona. Por
el contrario, su discurso le ha valido
la reprobación de toda la oposición
en Vitoria y una denuncia por
xenofobia ante la Fiscalía, que no
descarta citarle a declarar por un
posible delito de «discriminación».
El Maroto de 2011 habló de «frenar
ya el efecto-llamada» y de cinco
años de empadronamiento para
acceder a la renta de garantía de
ingresos, el salario social ilimitado
en el tiempo de un mínimo de 616
euros al que tienen «derecho» por
ley –como la Sanidad o la Educación–
quienes no tienen recursos.
Es también complemento para miles
de trabajadores y pensionistas
con ingresos muy bajos. El PP, entonces,
forzó al Gobierno vasco del
PSE-EE a acotar la entrada a los
extranjeros al conseguir que el empadronamiento
mínimo pasara de
doce meses a tres años.
Casi cuatro años después, sin
embargo, Maroto quiere más. El dirigente
del PP, que dice sentirse
respaldado por una mayoría social
y que ofreció ayer en el Ayuntamiento
una rueda de prensa multitudinaria,
ha endurecido sus palabras
y también sus exigencias. Insistió
en que no critica personas ni
nacionalidades, sino situaciones y
normas que permiten los «abusos»
generalizados. Pero acabó señalando
con el dedo, de nuevo, a los mismos,
a los extranjeros..
«Me pongo en la piel de los demás.
Me pongo en la piel de la persona
mayor que tiene una huerta,
una finca rústica, además de su vivienda
y que es rechazada [en Lanbide,
servicio vasco de empleo que
tramita las prestaciones sociales]
por tener patrimonio. Al lado, otro
que a lo mejor no habla ni castellano
tiene una ayuda vitalicia. En muchas
ocasiones hay ilegales que no
han trabajado nunca y que cobran
una ayuda muy superior a la pensión
de quien ha trabajado 40 años
deslomándose por su familia», se
quejó Maroto, que pidió tambier investigar
el patrimonio de los solicitantes
de ayudas en sus países de
origen para evitar la picaresca.
«[A los magrebíes] Les dicen en
Melilla: ‘Vete a Vitoria porque allí
accedes rápido [a subsidios]’», añadió Maroto. En la ciudad fronteriza
el porcentaje de residentes extranjeros
es del 24% frente al 9,4% de
Vitoria. El dirigente del PP apuntó
también que es «conocidamente
falso» que se diga que son más los
nacionales que se benefician de las
ayudas sociales, al menos en el caso
de Vitoria, donde señaló que son
foráneos el 64% de los beneficiarios
y aseguró que «eso no es normal
». Esa conclusión se obtiene sacando
de la cuenta a los pensionistas
que cobran la renta de garantía
de ingresos y tomando como referencia
exclusivamente a los ciudadanos
en edad de trabajar. No citó
que si recurren más a los servicios
sociales es porque su tasa de paro
es tres veces mayor que la de los
autóctonos hasta rondar el 40%.
El «primero los de casa» es el eje
de la propuesta del PP. Tanto que,
ante supuestos de nacionales que
se verían perjudicados por esta reforma
sacados a colación por los
periodistas, Maroto concedió que
habrá que valorar «excepciones».
En el escrito con las medidas, se
recoge en mayúsculas que «NO
AFECTAN A LAS PERSONAS
MAYORES» autóctonas.
La propuesta de Maroto no incluye
una estimación de los afectados.
Tampoco sobre
el perjuicio económico
de retirar de golpe la
capacidad de consumo
a miles de personas.
Según un estudio del
Gobierno vasco de
2010, con menos beneficiarios
que ahora, el
consumo de perceptores
de ayudas sostien
4.567 puestos de trabajo
directos y 22.000
indirectos.
Maroto apeló al resto
de partidos políticos
a que no cierren los
ojos ante esta «realidad
» de «abusos» y a
que entren a negociar
con urgencia una reforma
en la dirección
que propuso. Recordó
que en julio la oposición,
simbólicamente,
le dio la espalda en un
pleno por «xenófobo»
y reseñó que a lo que
dan la espalda es «a
una evidente demanda
de la sociedad» por reforzar
el control de los
servicios sociales.
Maroto fue cuestionado
por si su discurso
puede incrementar el rechazo de
los nacionales a los inmigrantes.
Respondió que no. Y negó que sea
racista. «Me conocéis no solo en lo
político sino en el personal. Entendéis
que me he pasado la vida defendiendo
la diferencia», señaló
refiriéndose a su orientación sexual.
Además, aseguró que no se
arrepiente de ninguna de sus consideraciones
sobre determinadas nacionalidades.
«No voy a pedir perdón.
Me reafirmo en todo», zanjó.

La propuesta de Maroto

>Ilegales fuera. «Es un sueldo vitalicio.
Nunca pueden dejar de cobrar la RGI al no
poder firmar un contrato de trabajo».
>Diez años en Euskadi. «La RGI no debe
ser para los que acaban de llegar o directamente
vienen a cobrarla».
>Haber cotizado. «La RGI debe ser para
quien ha contribuido a la sociedad con su
trabajo previo».
>Delincuentes fuera. «Es un abuso
que el sistema permita a delincuentes
seguir cobrando todos los meses».
>Patrimonio. «Es injusto que se les deniegue
la ayuda […] cuando otros se desconoce
si tienen [bienes] en otro país».
>Remesas prohibidas. «Nuestro sistema
de cobertura debe ayudar a quien
cumple los requisitos viviendo aquí».
>Trabajos comunitarios. «Esta recogido
en la actual normativa pero no se aplica.
[Los perceptores tienen que] Devolver
con su esfuerzo el sacrifico que hace
el resto de la sociedad».