El PP vasco va a plantear una modificación de la norma que regula el sistema de protección social en Euskadi para restringir los requisitos de acceso a la renta básica, de modo que no puedan cobrar esta prestación los inmigrantes irregulares ni las personas que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social.

El alcalde de Vitoria y parlamentario vasco, Javier Maroto (PP), ha sido el encargado de hacer públicas las siete propuestas de su partido para “mejorar” este sistema en el País Vasco.

Ha subrayado que estas iniciativas van dirigidas a evitar los “abusos” que, a su juicio, “permite” la actual normativa, aunque ha considerado que el sistema de prestaciones sociales en Euskadi es “incuestionable”.

Como primera cuestión, el PP quiere que los inmigrantes en situación irregular no accedan a la renta básica, que en Euskadi se denomina Renta de Garantía de Ingresos ( RGI ), porque “alguien que está fuera del sistema no puede aprovecharse de él”. La RGI se convierte en un “sueldo vitalicio” para este colectivo, en palabras de Maroto, porque no tiene posibilidad de acceder al mercado de trabajo.

Empadronamiento a diez años

La ampliación de tres a diez años de empadronamiento mínimo en el País Vasco es otra de las reivindicaciones presentadas hoy, ya que el alcalde de Vitoria ha considerado que “la RGI no puede ser para los que acaban de llegar o directamente vienen a cobrarla”.

Asimismo, el PP quiere que sólo puedan acceder a esta prestación las personas que acrediten una vida laboral previa y hayan cotizado a la Seguridad Social, con una serie de excepciones para casos de discapacidad, enfermedades crónicas o mentales. También propone que las personas condenadas por delitos graves no puedan cobrar la RGI .

En el ámbito del patrimonio, el PP pide que no se generen desigualdades. Este cambio busca atajar “situaciones injustas” por las que se deniega la RGI a una persona que pueda tener un patrimonio sin un valor relevante, mientras que, según ha dicho, se otorga a un ciudadano extranjero que pueda contar con propiedades en su país, pero sin declararlas aquí.

También quiere el PP prohibir que los preceptores extranjeros envíen parte de la prestación a su país para evitar que esta ayuda sirva para “el sostenimiento de las familias en el país de origen”.

Por último, propone que la normativa incluya la obligación de hacer trabajos en beneficio de la comunidad a los perceptores de la RGI en edad de trabajar.

El alcalde vitoriano abrió el debate sobre la necesidad de reformar la legislación en esta materia tras asegurar que los ciudadanos magrebíes no quieren trabajar y viven de las ayudas sociales, declaraciones por las que la Fiscalía Superior del País Vasco ha abierto diligencias informativas a instancias de SOS Racismo.

Si se modifica el acceso a la RGI se logrará un “mundo más justo y solidario”, en opinión del alcalde, quien ha instado a los partidos vascos a que actúen con responsabilidad para afrontar esta reforma.