El PP va a plantear en el Parlamento vasco una reforma de la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para dejar fuera de este sistema a inmigrantes irregulares, a las personas que no acrediten una vida laboral previa y no hayan cotizado a la Seguridad Social, y a las que no lleven diez años empadronadas.

El encargado de hacer públicas las siete propuestas del PP para “mejorar” el sistema de prestaciones sociales de Euskadi ha sido el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, quien también es parlamentario y se ha comprometido a defender estas modificaciones legales en la Cámara.

En su primera comparecencia tras haber sido operado recientemente de peritonitis, el primer edil de la ciudad ha subrayado que sus iniciativas van dirigidas a evitar los “abusos” que, a su juicio, “permite” la actual normativa. Maroto abrió el debate sobre la necesidad de reformar la legislación en esta materia tras asegurar que los ciudadanos magrebíes no quieren trabajar y viven de las ayudas sociales, declaraciones por las que la Fiscalía Superior del País Vasco ha abierto diligencias informativas a instancias de SOS Racismo.

El alcalde de Vitoria, que este martes se ha reafirmado en todas sus declaraciones previas en torno a este tema, ha asegurado, no obstante, que “a la hora de atribuir culpabilidades hay que tener mucho cuidado, porque eso es lo que estigmatiza”. En este sentido, ha asegurado que “el problema real” es que existe una normativa que permite los “abusos”.

El alcalde de Vitoria ha planteado siete cambios concretos en la normativa que regula la RGI, una prestación económica destinada a las personas sin recursos. Todos los cambios, según ha precisado, no afectarían a las personas que, a través de esta ayuda, reciben un complemento para sus pensiones.

En primer lugar, Maroto ha planteado que las personas inmigrantes sin permiso de residencia no puedan acceder a la RGI, al entender que este colectivo se “perpetúa” en la recepción de esta ayuda “como un sueldo vitalicio”, porque no puede acceder a un trabajo debido a su situación administrativa irregular.

Por otra parte, ha propuesto que la exigencia de una antigüedad mínima de registro en el padrón en Euskadi se eleve hasta diez años para poder acceder a la RGI, puesto que esta ayuda “no debe ser para los que acaban de llegar o directamente vienen a cobrarla”.