En Melilla se ha perdido la cuenta de los intentos de entrada masiva que ha vivido la valla fronteriza desde que fue erigida para separar mediante el enrejado de alambre dos mundos con enormes diferencias. Sólo en este año van 39 saltos masivos, pero dos de ellos, registrados el 18 de junio y el 13 de agosto, han terminado en una investigación judicial que ha puesto en el punto de mira la actuación de la Guardia Civil a la hora de custodiar la frontera sur que Europa tiene en Melilla.

El jefe del Instituto Armado en la ciudad, el coronel Ambrosio Martín Villaseñor, acudió ayer a declarar al juzgado imputado por un presunto delito de prevaricación. El juez Emilio Lamo de Espinosa lo señala como el responsable de las devoluciones en caliente de aquellos inmigrantes que no rebasan por completo toda la frontera. La Guardia Civil, basándose en un protocolo de actuación firmado por el propio coronel, considera que quienes no saltan la segunda valla no han entrado en España. El juez no admite esta teoría, porque cree que constituyen una «derogación de facto» de los tratados internacionales, que situarían la propia valla en territorio español.

Poco antes de las 9.00 horas, Martín Villaseñor ya estaba en el juzgado. Dos horas y media después, salía con apariencia tranquila y asegurando a los periodistas que no considera que «en ningún caso» haya cometido irregularidades a lo largo de sus casi 13 trienios de trayectoria en la Guardia Civil. «Siempre he actuado con la conciencia muy clara», aseguró el coronel, que también dijo confiar «absolutamente» en el procedimiento judicial que abrió en verano el juez. «Todo está en manos de su señoría. Él decide», apuntó tras negarse a hacer más declaraciones.

Sí quiso, no obstante, dar las gracias por las muestras de apoyo que ha recibido en las últimas semanas, muchas de ellas de ciudadanos anónimos de dentro y fuera de Melilla, que son conscientes del chaparrón que está cayendo sobre los guardias civiles en el peor año de presión migratoria que ha sufrido nunca la ciudad autónoma.

Sólo por la valla son más de 16.200 los subsaharianos que han intentado entrar de manera clandestina. Gracias a la Guardia Civil, lo han logrado muchos menos, casi 1.800, aunque la cifra de accesos irregulares supera en este 2014 los 4.000 porque hay otras muchas vías de entrada para los sin papeles.

Gracias a la Guardia Civil, lo han logrado muchos menos, casi 1.800, aunque la cifra de accesos irregulares supera en este 2014 los 4.000 porque hay otras muchas vías de entrada para los sin papeles.

Estas muestras de apoyo se suman a otras oficiales, como las que expresaron públicamente el ministro del Interior, el presidente de Melilla y el delegado del Gobierno poco después de que se conociera la imputación del coronel. Y es que esta investigación judicial ha sido interpretada por muchos como una manera de «poner en jaque» a la Guardia Civil.

Desde la Comandancia del Instituto Armado también apuntaban ayer que no les gusta que se ponga en entredicho la credibilidad de un cuerpo que acaba de cumplir 170 años de historia, y menos ante una labor «muy compleja» como es la custodia de la valla fronteriza. Además, lanzaron un mensaje de tranquilidad a los agentes para que sepan que la responsabilidad que está recayendo sobre Martín Villaseñor en este caso no se va a derivar a ningún escalón subordinado. «El coronel es el primer guardia civil de la Comandancia y las órdenes parten de él. Por lo tanto, es quien asume la jefatura y el protocolo de actuación», dejaron claro fuentes de la Comandancia, que también subrayaron otra cuestión fundamental: el firme convencimiento de que se está actuando dentro de la legalidad, «ahora y siempre».

Las tres ONG que con sus denuncias provocaron la apertura de esta investigación creen justo lo contrario. Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein llevan años denunciando las devoluciones en caliente, pero no fue hasta el pasado verano cuando acudieron al juzgado con vídeos de los saltos masivos del 18 de junio y el 13 de agosto. Esas imágenes fueron visionadas ayer durante la declaración del coronel, que la abogada de la acusación, Patricia Fernández, consideró que no había sido «excepcionalmente larga», pero que podría haber durado más si Martín Villaseñor hubiera respondido a sus preguntas.