Cuando se cumplen ocho meses de la tragedia de Ceuta, en la que, el pasado 6 de febrero, 15 inmigrantes murieron cuando intentaban entrar a nado en suelo español, el Ministerio del Interior no ha identificado aún a los guardias civiles que actuaron esa madrugada ni ha aportado las imágenes de una cámara de visión térmica que grabó los sucesos en el lugar que ocurrieron.

Ambas circunstancias las ponen de manifiesto dos providencias, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, en las que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, María del Carmen Serván, apremia a Interior y al Instituto Armado a que le facilite los nombres de los agentes que repelieron el intento de entrada y las grabaciones de las cámaras instaladas en los vehículos búhos.

La identificación y posterior testimonio de los guardias civiles –56, según el Ministerio– es crucial para esclarecer qué es lo que ocurrió aquel día, cómo fallecieron los inmigrantes y, sobre todo, si el lanzamiento de pelotas de goma que realizaron los agentes pudo ayudar a que se produjeran las muertes, una tesis que sostienen las ONG, el PSOE y la Comisión Europea, entre otros.

Falta saber, asimismo, las circunstancias en que se produjeron varias expulsiones en caliente, en las que hubo al menos un inmigrante herido que fue devuelto por la puerta de atrás de la valla sin recibir la debida atención médica, como marca la ley.

De los hechos tienen mucho que contar los agentes que actuaron aquel día. En la primera providencia, notificada el 29 de septiembre, la juez señala que «hasta la fecha no se ha recibido contestación del informe solicitado a la Comandancia de la Guardia Civil de esta ciudad, procediéndose a recordar el urgente cumplimiento del mismo». Es decir, insta al Instituto Armado a darle los nombres de los guardias para que pueda tomarles declaración.

Según las fuentes judiciales consultadas, la magistrada dictó una providencia en julio reclamando a la Guardia Civil las identificaciones de los agentes, pero no recibió contestación y por eso decide ahora repetir la petición, recalcando esta vez que se trata de un asunto «urgente».

Sus demandas responden a una orden que le dio en julio la Audiencia Provincial de Cádiz, después de que la magistrada denegara en un primer momento la identificación de los agentes y la práctica de otras diligencias. La Sección Sexta de la Audiencia estimó el recurso de las acusaciones populares y le dijo a la juez Serván que las diligencias pedidas podían «ser perfectamente esclarecedoras o, al menos, explicativas de lo que pudo acontecer».

Entre estas diligencias, además de la identificación de los agentes, se demandaban las órdenes de servicios y el registro de operaciones, el material utilizado, el inventario de embarcaciones, el registro de travesía y el registro de posicionamiento, entre otros. Nada de todo esto ha sido aportado aún a la causa.

La segunda exigencia de la juez es muy novedosa. Las acusaciones habían pedido que la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta presentara las grabaciones que fueron realizadas el 6 de febrero por una de las cámaras de visión térmica. Interior asegura que ha entregado al juzgado todas las grabaciones realizadas aquel día, pero las acusaciones han investigado y han descubierto que falta lo recogido por, al menos, una cámara. Estaría instalada en un vehículo policial que se encontraba «justo en la zona de grada-1, cubriendo exactamente la zona del espigón del Tarajal donde ocurrieron los hechos».

De las imágenes que registró esta cámara no hay constancia ni en el juzgado ni en las grabaciones que Interior colgó en su día en su página web, pese a que, en los registros sonoros, los agentes se refieren a ella como «búho 1». «Únicamente obran en las actuaciones las grabaciones parciales de las citadas cámaras fijas, de lo que se desprende que por parte de la Guardia Civil se ha omitido la remisión de las grabaciones procedentes de las cámaras de visión térmicas móvil», señalaban las acusaciones populares en un escrito remitido a la juez el 22 de septiembre.

Ahora, en una recientísima providencia del 1 de octubre, la juez admite las diligencias solicitadas por las acusaciones y da tres órdenes al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.

En primer lugar, pide a Interior que remita «el croquis de localización exacta de las 38 cámaras de videovigilancia en color, así como de las cámaras en blanco y negro instaladas en el perímetro fronterizo de Ceuta con expresión exacta de las que cubran los pasos fronterizos de Biutz y Tarajal». Además, reclama las grabaciones efectuadas por dichas cámaras. El segundo punto ordena a la Guardia Civil que aporte las grabaciones del 6 de febrero de las «cámaras térmicas móviles instaladas en los vehículos denominados búhos». Por último, exige a la Guardia Civil que informe de «quién solicitó la autorización de material antidisturbios y por qué medio se hizo».