«Ninguna irregularidad». Todo dentro de la ley de extranjería. Es la versión del coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, quien ayer declaró durante más de dos horas y media como imputado por presuntamente dar las órdenes de expulsión en caliente de inmigrantes que habían logrado entrar en territorio español.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, el magistrado Emilio Lamo de Espinosa, le citaba por la presunta comisión de un delito de prevaricación al ejecutar devoluciones inmediatas de inmigrantes subsaharianos que habían conseguido saltar la triple valla metálica que separa Melilla de Marruecos, lo que contravendría la vigente ley de extranjería.

A la salida de los juzgados, el imputado se dirigió a la prensa para asegurar que tiene la conciencia tranquila y que cree haber actuado siempre dentro de la legalidad. Martín Villaseñor dijo confiar en la Justicia e insistió en que tras prestar declaración ahora todo queda «en manos de su señoría».

El jefe del instituto armado en la ciudad autónoma contestó a las preguntas del juez instructor, del fiscal y de los abogados del Estado, pero se acogió a su derecho a no declarar contra sí mismo en las preguntas formuladas por la acusación popular.

Patricia Fernández, la abogada de Andalucía Acoge, una de las organizaciones que presentó la denuncia – junto con la Coordinadora de Barrios, SOS Racismo y Prodein – confesó sentirse decepcionada ya que esperaba que Martín Villaseñor contestara a todas las preguntas y ayudara a esclarecer los hechos.

Aun así, se mostró muy satisfecha por las investigaciones y diligencias que se están llevando a cabo y aseguró que quedan muchas más por practicar y que conforme avance la investigación – el visionado de las cámaras y la escucha de los audios – se irán concretando los hechos y se irán pidiendo más imputaciones.

Vídeos

El responsable de la Guardia Civil en Melilla declaró por los hechos ocurridos el 18 de julio y 13 de agosto del 2014 cuando un número indeterminado de inmigrantes consiguió acceder a Melilla, a través del vallado fronterizo, y fueron «entregados de manera inmediata a las fuerzas auxiliares marroquíes sin aplicar la legislación de extranjería», tampoco el convenio de readmisión de inmigrantes firmado con Marruecos, de acuerdo con los querellantes.

Estos hechos fueron grabados por algunos periodistas y miembros de asociaciones de defensa de derechos humanos, como Prodein. Esas grabaciones sirvieron para que el juez decano de Melilla abriera una investigación por la posible responsabilidad y comisión de delitos en la acción de policías marroquíes y agentes de la Guardia Civil.

Los vídeos aportados por la acusación popular en la querella demuestran que «varios ciudadanos subsaharianos son entregados por agentes de la Guardia Civil a las fuerzas auxiliares marroquíes» a través de la puerta de servicio de la valla «sin que conste que los mismos fueran trasladados a la Jefatura Superior del Cuerpo de Policía Nacional», conforme detalla el auto del juzgado.