Melilla. «Ninguna irregularidad». Todo dentro de la ley de extranjería. Es la versión que ofreció el coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, durante su declaración ante el juez de más de dos horas y media como imputado por, presuntamente, dar las órdenes de expulsión ‘en caliente’ de inmigrantes que habían logrado entrar en territorio español.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, el magistrado Emilio Lamo de Espinosa, le había citado por la presunta comisión de un delito de prevaricación al ejecutar devoluciones inmediatas de inmigrantes subsaharianos que habían conseguido saltar la triple valla metálica que separa Melilla de Marruecos, lo que contravendría la vigente ley de extranjería.

El imputado, en esencia, defendió la legalidad de la orden que él mismo firmó el pasado abril, orden de servicio 6/2014 denominada «Dispositivo anti intrusión en la valla de Melilla y protocolo de vigilancia de fronteras». En ese protocolo, el mando de la Guardia Civil, siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior, aboga por un concepto «operativo de frontera». Esto es, cuando los intentos de entrada ilegal llevados a cabo por los inmigrantes son contenidos y rechazados, aunque ya sea en suelo español, no se puede hablar de «entrada ilegal efectiva». La entrada solo se consuma definitivamente cuando el inmigrante rebasa la valla interna y supera el perímetro policial en territorio nacional.

A la salida de los juzgados, el imputado aseguró que tenía la «conciencia tranquila» porque había actuado siempre dentro del marco de la legalidad.

El jefe del instituto armado en la ciudad autónoma contestó a las preguntas del juez instructor, del fiscal y de los abogados del Estado, pero se acogió a su derecho a no declarar contra sí mismo en las preguntas formuladas por la acusación popular.

Patricia Fernández, la abogada de Andalucía Acoge, una de las organizaciones que presentó la denuncia, junto con la Coordinadora de Barrios, SOS Racismo y Prodein, confesó sentirse decepcionada ya que esperaba que Martín Villaseñor contestara a todas las preguntas y ayudara a esclarecer los hechos.

Aun así, se mostró muy satisfecha por las investigaciones y diligencias que se están llevando a cabo y aseguró que quedan muchas más por practicar. Vaticinó que conforme avance la investigación y se revisen las grabaciones de las cámaras y de los audios se irán concretando más los hechos y pedirán nuevas imputaciones.

Vídeos

El responsable de la Guardia Civil en Melilla declaró por los hechos ocurridos el 18 de julio y 13 de agosto de 2014, cuando un número indeterminado de inmigrantes consiguió acceder a Melilla a través del vallado fronterizo y fueron «entregados de manera inmediata a las fuerzas auxiliares marroquíes sin aplicar la legislación de extranjería». De acuerdo con los querellantes, tampoco se aplicó el convenio de readmisión de inmigrantes firmado con Marruecos.

Estos hechos fueron grabados por algunos periodistas y miembros de asociaciones de defensa de derechos humanos, como Prodein. Esas grabaciones sirvieron para que el juez decano de Melilla abriera una investigación por la posible responsabilidad y comisión de delitos en la acción de policías marroquíes y efectivos de la Guardia Civil.

Los vídeos aportados por la acusación popular en la querella demuestran que «varios ciudadanos subsaharianos son entregados por agentes de la Guardia Civil a las fuerzas auxiliares marroquíes» a través de la puerta de servicio de la valla «sin que conste que los mismos fueran trasladados a Jefatura Superior del Cuerpo de Policía Nacional», conforme detalla el auto del juzgado.