GASTEIZ. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado hoy que el Gobierno Vasco es consciente de que “es necesario incrementar el control de las ayudas sociales porque supone más justicia social”, pero ha dejado claro que no existe “fraude generalizado” y ha pedido a la sociedad que sea solidaria con los inmigrantes.

Urkullu ha respondido hoy de este modo a una interpelación planteada en el pleno de control del Parlamento Vasco por la popular Laura Garrido sobre los “cobros indebidos” de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en los años 2012 y 2013, cifrados por Lanbide en 56 millones de euros.

Garrido ha denunciado el “fracaso” de la gestión de la RGI de Lanbide y ha advertido que hay que “acotar” estos problemas porque “si no se atajan, corren el riesgo de enquistarse”.

Además, ha considerado que si la responsabilidad de que los perceptores hayan recibido ayudas por encima de lo que les correspondía es de “ineficiencias” administrativas habría que hablar de “pagos indebidos” y no de “cobros indebidos”.

El lehendakari se ha mostrado preocupado por la “campaña” de “cuestionamiento general del sistema vasco de protección social” que, a su juicio, ha emprendido el PP vasco, tras las palabras en las que el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, aseguraba que los ciudadanos magrebíes viven de las ayudas sociales y no quieren trabajar.

Urkullu ha subrayado que “no hay beneficios especiales a colectivos específicos de inmigrantes”, al tiempo que ha subrayado que el hecho de que haya un mayor porcentaje de percepción de ayudas entre extranjeros se debe a que “sufren más la exclusión y la pobreza”.

“Son ciudadanos de este país porque viven en este país. Están con nosotros, son nosotros, no son ellos. Pido a la sociedad vasca que sea solidaria con la parte mas débil de la sociedad”, ha reclamado.

El lehendakari ha negado que haya una situación de fraude generalizado" en las percepción de RGI, aunque ha apuntado que “el Gobierno Vasco y Lanbide no van a bajar la guardia” y van a seguir trabajando “para aumentar el control y reducir los abusos si los hubiere, en un marco de colaboración con todas la instituciones”.

“Somos conscientes de que es necesario incrementar el control de las ayudas sociales porque supone más justicia social”, ha dicho Urkullu, quien no obstante ha rechazado el “cuestionamiento del marco normativo legal de las prestaciones sociales” que han hecho dirigentes del PP vasco.

“No comparto ni el fondo ni la forma de las invectivas lanzadas por el PP. Mejorar el control y luchar contra el fraude sí, reducir el Estado de Bienestar y la cobertura social en Euskadi no, controlar las ayudas, sí, suprimir las ayudas no”, ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que en sus 25 años de vigencia el sistema vasco de protección social ha sido mejorado, pero siempre “ha mantenido su espíritu”, en base a los principios de “solidaridad con los más necesitados, de consenso político, y de colaboración institucional”.

Por ello, se ha mostrado dispuesto a “seguir mejorando el sistema” y ha señalado que es al Parlamento Vasco al que le corresponde debatir y acordar los cambios.

En referencia a los cobros indebidos, ha precisado que no suponen “necesariamente un fraude”, sino que están provocados por “falta de control o error en la gestión”, por “dinámica de la tramitación administrativa” o por “desconocimiento o descuido” de los perceptores.

Urkullu también ha respondido a una pregunta de la secretaria general del PSE – EE, Idoia Mendia, quien se ha estrenado como líder de los socialistas en un pleno de control con una petición para aumentar la partida de las Ayudas de Emergencia Social (AES).

El lehendakari ha recordado que las AES no son un derecho subjetivo, como sí lo es la RGI, sino unas ayudas complementarias “que deben ajustarse a la disponibilidad presupuestaria”.

A pesar de ello, ha subrayado que mientras que el Gobierno de Patxi López no aumentó la partida de esta prestación entre 2011 y 2012, el suyo sí que la ha incrementado, de modo que en 2014 se han distribuido 20,5 millones, un 18,4 % más que hace tres años.

En este sentido, ha indicado que las AES, a pesar de no ser un derecho subjetivo “sí son un prioridad”, por lo que ha adelantado que su Gobierno “volverá a ampliar su dotación, siempre que haya capacidad presupuestaria y con realismo”.

Tras escucharle, Mendia ha pedido al Gobierno Vasco que aumente las partidas de las AES este año y ha planteado que, si es preciso, su formación está dispuesta a “revisar” el sistema público de bienestar social, pero siempre con el objetivo de “fortalecerlo” y de “llegar a todas las personas” que las necesiten.