El jefe de la Guardia Civil en Melilla, el coronel Ambrosio Martín Villaseñor, se ha mostrado tranquilo tras haber declarado como imputado por las devoluciones de migrantes de origen subsahariano ocurridos durante los saltos a la valla con Marruecos los pasados 18 de junio y 13 de agosto.

En calidad de imputado, el jefe de instituto Armado en Melilla ha declarado durante más de dos horas ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad, el magistrado Emilio Lamo de Espinosa, tras la denuncia que le interpusieron varias ONG, que consideran que dichas devoluciones fueron «ilegales»

Durante la comparecencia del coronel, que se ha prolongado durante unas dos horas y media, se han visionado algunos vídeos en los que se ampara la denuncia que ha motivado el procedimiento, presentada por las ONG Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein.

En concreto, se trata de imágenes grabadas durante dos asaltos a la valla de los más de 40 que se han producido en lo que va de año, ocurridos el 18 de junio y el 13 de agosto.

Esos días, decenas de migrantes intentaron entrar en Melilla y algunos de ellos consiguieron acceder al entrevallado o encaramarse a una de las dos verjas que componen el perímetro fronterizo, compuesto además por una sirga tridimensional.

La postura inicial que defiende el juez Lamo de Espinosa es que el terreno comprendido entre la primera y la segunda valla es suelo español y, por lo tanto, está sujeto a su soberanía y a la aplicación de la ley.

Sin embargo, para la Guardia Civil y para el Ministerio de Interior no se puede hablar de devoluciones, sino de rechazos en frontera, habida cuenta de que la valla, compuesta por un triple obstáculo, constituye un todo y solo se puede considerar que se ha entrado a territorio español si se consigue superar por completo.

Ambrosio Martín, que ha estado asistido por una Abogada del Estado, ha manifestado que tienen «la conciencia tranquila» y «clara» y ha mostrado «su confianza absoluta» en la Justicia y en la decisión que adopte el magistrado Emilio Lamo de Espinosa.

El alto mando se ha mostrado confiado en su «absolución» porque ha reiterado que no ha cometido ninguna ilegalidad tras dictar la orden ‘Dispositivo anti – intrusión en la valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia en fronteras’ que permite la devolución de las personas que no superan las vallas de los nueve kilómetros de perímetro fronterizo, al entender que no han entrado en territorio español.

Martín Villaseñor ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido desde que se conociera su imputación el 15 de setiembre,  entre ellos el ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, el director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa o el delegado del Ejecutivo en Melilla Abdelmalik El Barkani.

Tras la declaración de este viernes, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, el magistrado Emilio Lamo de Espinosa, tendrá que decidir si pasa al Jefe de la Guardia Civil de Melilla a la situación de procesado o le absuelve, dejando sin efecto su imputación.

Más imputaciones

Por otra parte, las ONG Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein, que ejercen como acusación popular en el procedimiento abierto por las devoluciones de migrantes, prevén pedir nuevas imputaciones tras la declaración de Ambrosio Martín.

La abogada que representa a esta acusación popular, Patricia Fernández, ha explicado a los periodistas que el coronel se ha negado a contestar a sus preguntas, aunque sí que ha respondido a las planteadas por el juez, la fiscalía o su defensa.

Sin entrar en detalles, al tratarse de una declaración de instrucción, que es «secreta», Fernández ha señalado que Martín Villaseñor se ha ratificado en la orden de servicio que establece el protocolo de actuación de los agentes en la valla, en la que se concreta que los migrantes no acceden a suelo español hasta que traspasen el triple obstáculo que compone el vallado perimetral.

La abogada de la acusación ha dicho que esperaba que hubiese contestado a sus preguntas, pero ha reconocido que se trata de un derecho que tiene reconocido todo imputado.

Ha sostenido, no obstante, que existe una investigación en marcha, algo que ha calificado como «positivo», aunque ha considerado que existen todavía muchas diligencias por llevar a cabo.

Entre esas diligencias se encuentran el visionado de cámaras, así como varias líneas de investigación que, a medida que se vayan concretando más hechos, podrían conducir a pedir más imputaciones, según Fernández.