Mihaela, rumana con 17 años y un embarazo casi a término, tenía derecho a asistencia sanitaria por su doble condición de menor de edad y gestante. Pero el centro sanitario le negó la atención tantas veces que al octavo mes de embarazo, los médicos desobedientes de Yo Sí Sanidad Universal movieron el cielo con la tierra para que la chica tuviera la asistencia que necesitaba.

Su historia está entre las 319 que ese colectivo médico y la Sociedad de Medicina Familiar han registrado por culpa del decreto de apartheid sanitario que el Gobierno impuso hace dos años. Aquella orden excluyó de la asistencia a 873.000 personas, según contó ayer en Barcelona la Mesa del Tercer Sector Social citando cifras del Ejecutivo.

Casi a la misma hora, se presentaba en Madrid el Informe Redes, que contabiliza 319 no asistencias. «Es la punta del iceberg. Hay muchísimos casos que los afectados no quieren denunciar», dice Yo Sí Sanidad Universal.

El informe habla de sin papeles y españoles sin derecho a tarjeta e incluso de situaciones que, según la norma, deberían haber sido atendidas: embarazadas, menores y urgencias, más las excepciones de Madrid, o sea, víctimas de trata, patologías de declaración obligatoria, enfermos mentales o pacientes diagnosticados antes del decreto.

Entre los ejemplos más delicados sobresalen cuatro víctimas de trata que no recibieron asistencia hasta que Yo Sí Sanidad Universal presionó a las autoridades. También 61 diagnosticados antes del 31 de agosto de 2012, 62 que recibieron una factura en Urgencias, 10 menores o nueve embarazadas.

«Sienten miedo y no van al médico o abandonan su tratamiento. La ruptura del proceso asistencial, las dificultades para la medicación y el efecto disuasorio del decreto están afectando a la salud de miles de personas», sentencia José Luis Quintana, vicepresidente de la Sociedad Madrileña que agrupa a los médicos de familia como él.