El alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, se ratifica en las polémicas declaraciones que realizó el pasado verano en torno a las ayudas sociales y a los inmigrantes. Lo tiene claro: «No tengo que pedir perdón a nadie y menos a SOS Racismo», la asociación que le ha denunciado por sus palabras. El dirigente del PP revalida así su cuestionada postura y lo hace un día después de que la Fiscalía Superior del País Vasco le haya remitido el escrito de la querella por si considera oportuno formular alegaciones en su defensa. El organismo jurídico no descarta llamarle a declarar.

El máximo responsable del Ministerio Público en la comunidad autónoma, Juan Calparsoro, ha incoado diligencias de investigación por las afirmaciones que Maroto efectuó en el pasado mes de julio y en las que aseguró que algunos extranjeros, como argelinos y marroquíes, «viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar». Unas aseveraciones que ha repetido con posterioridad y que levantaron una polvareda entre los partidos políticos y agrupaciones sociales. SOS Racismo Araba materializó su repulsa con una denuncia. El colectivo alavés, representado por Fede García, considera que esas manifestaciones pueden ser constitutivas de un delito de incitación al odio y que atentan contra la dignidad de las personas aludidas.
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Denuncia a De Andrés

En caso de que prospere la querella de SOS Racismo, la primera autoridad de la capital alavesa se enfrentaría a un delito tipificado en el artículo 510.2 del Código Penal por difundir informaciones falsas dirigidas a generar una situación de discriminación contra unos colectivos por su origen nacional.

Hace una semana, SOS Racismo Araba presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella criminal por injurias y calumnias contra el diputado general de Álava, el también conservador Javier De Andrés, en la que le reclama 79.296 euros por los daños ocasionados al acusar a la organización de «fraude masivo» en el asunto de las ayudas sociales. Esa cantidad es, según ha explicado el portavoz de la organización, Fede García, el «equivalente» al sueldo anual del alcalde de Vitoria, su compañero de partido Javier Maroto.

El colectivo presentó la denuncia en los Juzgados de Primera Instancia de Vitoria el pasado miércoles, dos semanas después de que el presidente de la Administración foral responsabilizara a SOS Racismo de haber efectuado empadronamientos «ficticios» de 1.252 inmigrantes. Una irregularidad que, si no hubiera sido corregida, habría supuesto, según De Andrés, «un coste de 13 millones de euros al año» para las arcas públicas. El dirigente popular aseguró que si la demanda prospera y le imponen una multa, ésta no tendrá efecto en las arcas forales porque la pagará de su bolsillo.