La tensión que se vive en el distrito de Tetuán debido a los enfrentamientos entre grupos violentos de ideologías opuestas avanza un nuevo capítulo. El Hogar Social Ramiro Ledesma, la casa okupa neonazi, fue desalojado ayer, 35 días después de que un grupo de skinheads de la Liga Joven, los cachorros del partido Movimiento Social Republicano, entrara en el inmueble para dar cobijo y alimento «sólo a españoles sanos».

El vecino centro social autogestionado La Enredadera, de ideología antagónica y con fuerte aceptación en la zona, parece que también será desalojado, ya que el propietario del edificio situado en la calle Anastasio Herrero ha denunciado la okupación ante el juez, primer paso dentro de los trámites necesarios para que se produzca una futura expulsión.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ya anunció a mediados de la semana pasada que la Policía instaría a los dueños a solicitar al juez la orden que permitiese echar a los okupas izquierdistas. La delegada aseveró que había «un conflicto permanente entre ambos centros», lo que había convertido a Tetuán en «un polvorín». Ayer Cifuentes anunció que los propietarios se habían dirigido al juzgado para denunciar la okupación.

En 2012 la propiedad del edificio llegó a un acuerdo con los miembros de La Enredadera, tras haber denunciado ya en 2009 la primera invasión al inmueble y haber permanecido así tres años entre tiras y aflojas. En el contrato que firmaron se estipuló una serie de requisitos que los inquilinos debían cumplir para poder permanecer allí. Estos no los habrían respetado, por lo que el miércoles pasado el dueño interpuso la denuncia.

De seguirse los procedimientos ordinarios, no sería hasta dentro de entre 15 y 17 meses cuando se efectuaría el desalojo. Esta por ver si desde la Delegación de Gobierno se intentarán acelerar los trámites para expulsarlos.

El problema es que mientras La Enredadera está considerada por buena parte del barrio como un punto de encuentro vecinal donde realizar diversas actividades políticas, lúdicas o solidarias, la casa okupa neonazi desde el primer momento creó un gran rechazo social y varios altercados.

A las 7.30 horas de ayer llegaban a la okupa neonazi los primeros efectivos policiales, algunos pertenecientes a las Unidades de Intervención de la Policía Nacional. Dos lecheras de antidisturbios aparcaron frente al edificio situado en los números 11 y 13 de la calle Juan de Olías, en el barrio de Estrecho, a la espera de que llegasen los refuerzos y la secretaria judicial, encargada de entregar la orden de desalojo emitida por el titular del Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, el mismo en el que se ha denunciado a La Enredadera.

El colectivo, al que la visita con la orden del juez ha pillado por sorpresa, pretendía recurrir ayer mismo para atrasar su marcha dos semanas, y es que, según explicó un portavoz a este diario, tenían hasta hoy para poder hacerlo.

A las 8.00 horas, ya con la calle cortada y tras llegar la encargada de anunciar el desalojo, los policías comenzaron a llamar a la puerta de la okupa sin obtener respuesta.

Diez minutos más tarde los agentes entraban en el edificio tras forzar la puerta con un golpe seco. Sobre las 8.30 horas abandonaban el Ramiro Ledesma los inquilinos que habían pernoctado allí la noche anterior: tres varones de mediana edad a los que se cobijaba al no disponer de trabajo ni vivienda.

Ninguno lucía estética skinhead ni tampoco opuso resistencia. Uno de ellos, el primer acogido por los ultraderechistas, que llevaba en el lugar desde hace casi un mes, increpó en un primer momento a los medios allí congregados. Poco después se prestó a hablar y expresó su malestar ante la situación en la que se encontraba tras verse en la calle, con tres bolsas de plástico llenas de ropa como únicas pertenencias. «¿Y ahora que voy a hacer yo? No tengo ni casa ni trabajo», se lamentaba este español de madre irlandesa.

La Policía requisó la bandera de España de la azotea del edificio así como la pancarta del colectivo okupa, cambió la cerradura de la puerta y se marchó.

Más tarde un grupo de albañiles tapió la puerta para evitar una nueva usurpación en el inmueble propiedad del Centro Cultural Hispano-Chino, una asociación de empresarios entre los que se encuentra la mujer de Gao Ping, el principal imputado en el caso Emperador.

Varios curiosos se paraban entre el cruce de Juan de Olías con Bravo Murillo, junto a una de las bocas de Metro de Estrecho, para comprobar in situ que los neonazis iban a dejar de disponer de ese espacio. «¡Qué les echen!», clamaba una vecina de avanzada edad, mucho más comedida que otro anciano del barrio que exponía: «Si son fascistas, ¡que se jodan!».

«En un barrio como este no puede haber ese tipo de gente», razonaba otra vecina, Carmen, aludiendo a la cantidad de inmigrantes que residen en la zona. Mas tarde reculaba: «En realidad en ningún barrio debería de haber».

Para Antonio, un colombiano que se siente español tras 14 años viviendo en Madrid, el Ramiro Ledesma iba «en contra de todo lo que es Tetuán», y aprovechó para lanzar un mensaje de apoyo a La Enredadera: «Llevan aquí muchos años y nunca ha habido problemas, yo he ido algunas veces para que me arreglaran la bici… A la otra no entraría».

Según fuentes policiales, los ultraderechistas del Ramiro Ledesma estarían barajando tres edificios para llevar a cabo una nueva okupación. No obstante, este colectivo cuenta también con el apoyo de un empresario del barrio, que les ha ofrecido a final de mes un local y un donativo de 400.000 euros para seguir realizando sus actividades.