Cáritas atendió en 2013 a 600.000 personas más que el año anterior

Este incremento de los beneficiarios en un 32% refleja el aumento de la desigualdad en España, según el nuevo informe de la entidad

Las Provincias, JOSÉ MANUEL ANDRÉS , 30-09-2014

El perfil del beneficiario de la ayuda caritativa en España ha variado sustancialmente a lo largo de los últimos años. La delicada situación económica provoca que nuevos grupos poblacionales se encuentren ante el riesgo de exclusión social, una realidad para la que sirve de termómetro la actividad de las entidades de acción caritativa y social. En el caso concreto de Cáritas, la organización católica ayudó a un total de 2.513.563 personas en España a lo largo de 2013, 608.826 más respecto al año anterior, un incremento de casi el 32% que preocupa en el seno del organismo.

Entre los colectivos más afectados por la crisis económica que, según destacan desde Cáritas, cada vez suman más factores de exclusión, destacan los hogares numerosos, las familias monoparentales y aquellos núcleos que tienen a su cargo a personas dependientes o jóvenes, estos últimos debido al elevado índice de paro juvenil.

El secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, advirtió ayer durante la presentación de la Memoria 2013 de la organización caritativa de que «el número de hogares atendidos es similar». «Sin embargo», agrega, «aumenta el número de beneficiarios». «La disminución de las subvenciones públicas y los recortes de las políticas sociales han provocado que las personas atendidas planteen cada vez más problemáticas. Percibimos un mayor empobrecimiento de los más vulnerables, muchas personas se quedan en la orilla mientras la sociedad sigue avanzando», profundiza Mora.

Desde Cáritas inciden en los datos de Eurostat. La oficina estadística de la Comisión Europea sitúa a España como uno de los países en los que más ha aumentado la desigualdad en los últimos años. «La desigualdad social sigue en aumento, desde Cáritas estamos con los que defienden a los más pobres. Es complejo determinar si el Gobierno y las instituciones están a la altura de la situación, pero analizando las circunstancias lo que está claro es que nuestra sociedad no lo ha estado», subraya el secretario general de Cáritas.

Renta social mínima

Cáritas recuerda las peticiones que la organización realiza desde hace años para que, por un lado, se impulse una renta social mínima para las familias sin ingresos (algo que la ONG considera económicamente viable), y por otro, que las leyes y medidas que se impulsen contengan indicadores para valorar en qué medida afectarán a las personas con menos recursos.

En cuanto a las políticas sociales y económicas, Mora destaca que «medidas como el copago farmacéutico o el incremento de las tasas de educación pueden ser en sí mismas razonables, pero no en el caso del conjunto, porque provocan el colapso de las familias españolas. Hace falta denunciar las causas económicas de la desigualdad, optar por una sociedad donde la salud, la protección social, la educación y la vivienda estén garantizadas para todos y abrir nuestros espacios de convivencia a la participación de los más empobrecidos».

La organización caritativa católica incrementó su inversión en 2013 hasta un total de más de 291 millones de euros, a través del trabajo de más de 78.000 voluntarios y 4.171 trabajadores remunerados. Todo ello es posible debido a los casi 220 millones de euros procedentes de donaciones privadas, 25 millones más que en el 2012, que en su gran mayoría (191 millones) corresponden a pequeñas aportaciones, el 60% del total.

El volumen de fondos públicos invertidos en 2013 asciende a 73.055.970 euros, una cuarta parte del total de los recursos de Cáritas, la cantidad más baja de los últimos cinco años.

Este descenso se centra principalmente en el caso de las administraciones locales y autonómicas. Por su parte, las ayudas institucionales procedentes de la administración estatal y la Unión Europea se mantienen respecto al año 2012.

Las prioridades de Cáritas durante el 2013 se centraron en la acogida y la atención primaria (69,3 millones de euros), el empleo y la inserción laboral (36) o la vivienda (9). Acciones centradas en colectivos de riesgo como las personas mayores (28,5 millones de euros), las familias e infancia (22,8), las personas sin hogar (21) y el colectivo de inmigrantes (4,7).

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