BILBAO. El Ayuntamiento llevará a cabo inspecciones en los domicilios de perceptores de Ayudas de Emergencia Social (AES) destinadas a gastos de mobiliario y electrodomésticos para comprobar si realmente se ha efectuado la citada compra.

Esta es una de las novedades que el consistorio introducirá a partir de ahora en su sistema de control y revisión de las ayudas sociales, según han informado hoy en rueda de prensa los concejales del equipo de gobierno (PNV) Juan Félix Madariaga, Itziar Urtasun y Tomás del Hierro.

Madariaga ha asegurado que el nivel de fraude en las ayudas sociales en Bilbao es “pequeño” y ha dicho que el consistorio aplica estas medidas de control no porque entienda que el fraude es importante, “que no lo es”, sino porque son “herramientas para asegurar que las ayudas llegan a las personas que cumplen los requisitos y las obligaciones” establecidas.

Ha explicado que una de las novedades del sistema consistirá en las inspecciones, aleatorias y de oficio, que se efectuarán en los domicilios de perceptores de AES, para lo cual la persona beneficiaria deberá firmar un “consentimiento expreso” para permitir la entrada en su vivienda de personal autorizado del Ayuntamiento para verificar la correcta utilización de la ayuda recibida.

La otra novedad en el sistema de control y revisión de ayudas sociales radica en que el Ayuntamiento establecerá contactos con los colegios de odontólogos y optometristas para confirmar que los importes de las ayudas concedidas para estos servicios (la compra de unas gafas, por ejemplo) coincide con el “coste actual” que aplican estos profesionales.

Ha indicado que se han detectado irregularidades en algunas facturas, como que aparezca una línea escrita a mano y el resto del documento, a ordenador.

Los responsables municipales han detallado que, de las 5.055 Ayudas de Emergencia Social concedidas el pasado año (de las 6.084 solicitadas), hay un total de 816 pendientes de justificar, por un importe de 657.000 euros.

Según el Ayuntamiento, la tendencia de ayudas concedidas y pendientes de justificar ha ido “incrementándose progresivamente”, desde los 256 expedientes sin justificar que se registraron en el año 2010.

Los ediles del equipo de gobierno han señalado que el consistorio mantendrá los controles y revisiones de los empadronamientos denominados para “marginados” o “ficticios”, que son aquellos tramitados por los servicios sociales para personas sintecho y por los cuales actualmente se encuentran empadronadas 543 personas en Bilbao.

Estas personas están empadronadas en 20 establecimientos colectivos: 127 de ellas en el albergue municipal y el resto auspiciadas por entidades como Cear, Izangai y Cáritas.

El número de empadronados por este sistema ha ido descendiendo progresivamente desde el año 2010, cuando se computaron 704 personas, debido, entre otras causas, al descenso de la población inmigrante, según el Ayuntamiento.

“El efecto llamada en Bilbao por esto está claro que no existe”, ha dicho Madariaga.

Tomás del Hierro, concejal responsable del área de Seguridad, ha concretado que la Policía Municipal ha llevado a cabo en lo que va de año 307 “comprobaciones in situ” del padrón municipal (210 a petición del propio ayuntamiento, 34 de Lanbide y 63 de otras instituciones), mientras que en todo el pasado año efectuó 663 comprobaciones.

Preguntado por las irregularidades detectadas por la Policía Municipal en estas comprobaciones, Del Hierro ha dicho que no tenía ese dato.

La concejal de Fiestas y Atención Ciudadana, Itziar Urtasun, ha afirmado que las irregularidades en los empadronamientos son “en la mayoría de los casos, por desidia de la persona empadronada”, más que por “mala intención”.

Entre 2011 y el 31 de julio de 2014, fueron 11.885 los expedientes cuya tramitación concluyó con bajas por inscripción indebida.

En su sistema de control y revisión de las ayudas, el ayuntamiento continuará con su procedimiento de reintegro de prestaciones indebidas, por el cual las personas que no hayan justificado todo el importe de la ayuda o que hayan recibido inadecuadamente las AES, no podrán recibir ayudas sociales durante un periodo de 4 años si no devuelven el importe.

Además, el consistorio seguirá cruzando datos con otros organismos (Lanbide, Seguridad Social, Hacienda…) para comprobar el contenido de las solicitudes de ayudas.