El diputado general de Álava, Javier
de Andrés (PP), continuó ayer con
la polémica en torno a las ayudas
sociales y aseguró que el empadronamiento
«ficticio» de 1.252 inmigrantes
a cargo de SOS Racismo
puede haber costado al erario público
13 millones de euros al año por
el pago de prestaciones sociales.
El portavoz de SOS Racismo de
Álava, Fede García, anunció que
formalizaría una querella contra el
PP, que ya había acusado de irregularidades
y fraude a la organización.
Considera que les han calumniado
por decir que esta entidad
llegó a empadronar hace años a
1.252 inmigrantes en su sede, un
comportamiento que el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco
rechazó en 2010.
Pero De Andrés insistió en que
SOS Racismo «ha reconocido» que
hizo esos empadronamientos «ficticios
» en su sede de Vitoria, dio
por supuesto que esas 1.252 personas
cobraron los 866 euros de Renta
de Garantía de Ingresos –una
cantidad que ni muchos es la ordinaria;
la media son 700– y remachó
que, de ser así, en un año «la broma
» de este colectivo «ha costado
13 millones de euros».
Según De Andrés, estos cálculos
«justifican» las declaraciones que
hizo al acusar a SOS Racismo de
ser «ejemplo de saqueo de las ayudas
sociales» y apuntó que no tiene
ninguna intención de retractarse ni
de «responder a ningún ultimátum
ni a amenazas por defender una
opinión».
Y es que De Andrés considera
que obviamente la «voluntad» de
SOS Racismo cuando decide empadronar
a estas personas que no
vivían en Vitoria era que pudieran
«beneficiarse» de las ayudas
sociales existentes en el País Vasco,
las más altas de toda España,
informa Efe.