"La broma de SOS Racismo nos ha podido costar 13 millones de euros"

Javier de Andrés se reitera en su denuncia hacia el colectivo que "inscribió de forma irregular a 1.252 inmigrantes" y hace cálculos sobre la repercusión de estos empadronamientos ficticios para las arcas públicos

El Correo, Juan Carlos Berdonces | , 17-09-2014

Lejos de retirar sus acusaciones contra SOS Racismo Araba orgaización a la que acusó de ser los “mayores expertos en saquear las ayudas sociales en Álava”, el diputado general de este territorio, Javier de Andrés (PP), ha vuelto a lanzar duros reproches contra el colectivo que dirige en el territorio Fede García. Lo hace después de ser preguntado por el “ultimatum” que le dio el colectivo. García dijo que o se retractaba de sus palabras o se querellarían contra él. Y le dio 15 días de plazo para la disculpa.

Ésta no ha llegado, sino todo lo contrario. “No voy a responder a ninguna amenaza por defender mi opinión. Pero sí animaría a que SOS Racismo o las propias administraciones hicieran el ejercicio que yo he hecho”, ha proseguido en su explicación durante la comparecencia tras el Consejo de Diputados de los martes. El jefe del Ejecutivo foral recordó que el colectivo “había inscrito de forma irregular a 1.252 inmigrantes (en el año 2003)” en su local de la calle Zapatería de Vitoria, un hecho admitido por la organización, que cree “legales” estos “empadronamientos ficticios” que tienen por objeto que los inmigrantes sin domicilio fijo (o con dificultades para empadronarse en él) puedan acceder al padrón y por tanto a la tarjeta sanitaria, las ayudas sociales u otros derechos que les puedan asistir.

Con esa cifra, De Andrés ha echado cuentas. “Multiplicando esa cifra de 1.252 extranjeros por 866 euros mensuales que se cobra de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), aunque sólo sea un año, la broma de SOS Racismo nos ha podido costar 13 millones de euros” a las arcas públicas, ha dicho.
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De Andrés ha asegurado que la voluntad de SOS Racismo cuando realizaba esos empadronamientos en su sede de la calle Zapatería era que esas personas extranjeras “tuvieran la oportunidad de beneficiarse de las ayudas sociales de Álava y Euskadi, seguramente sin vivir aquí. Porque puede que estuviesen recogiendo pera en Lleida o el fresón en Huelva. Si eso sale adelante, mucha gente habría cobrado sin trabajar”.

“Es necesaria una reflexión”

Ha reclamado una reflexión para acometer cambios legales en este asunto, porque ha habido un “error” a la hora de planificar el uso de la RGI, con decisiones de “alguien que ha querido ser muy generoso con el dinero de los demás”.

Por último, tras reconocer que no sabe si todas esas 1.252 personas empadronadas de manera ficticia cobraron la RGI, ha concluido que puede ser que no solo hayan cobrado la renta básica durante un ejercicio, sino que podrían haberla cobrado más años y sus cálculos se queden cortos.

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