Dos niñas residentes en el País
Vasco fueron víctimas de ablación
de clítoris en 2013, según denuncia
la Fiscalía en su última memoria.
Son hijas de familias originarias de
las repúblicas de Malí y Guinea,
respectivamente. El Instituto Vasco
de la Mujer (Emakunde) estima,
además, que otras 800 mujeres de
entre 0 y 14 años procedentes de
países del África subsahariana podrían
estar en riesgo de ser mutiladas
y elabora ya un protocolo para
prevenir esta flagrante violación de
los derechos humanos.
Ambos casos fueron detectados
por trabajadores sociales después
de que las familias solicitaran ayudas
sociales. En el primero de los
casos, el de la niña de Guinea, los
Servicios Sociales tenían «plenamente
acreditado» que la preadolescente
había sido víctima de ablación
clitoriana y un juzgado ya ha
abierto diligencias. En el segundo
supuesto, está pendiente el informe
del médico forense, aunque los padres
no han negado los hechos.
Aparentemente, según la Fiscalía,
estas familias estaban integradas en
el modo de vida occidental, que
considera la mutilación genital una
grave vulneración de los derechos
de las mujeres. Los progenitores, de
hecho, se desvincularon de la intervención
y aseguraron que vino ordenada
«por parte de los abuelos o
familiares de las niñas». «No compartimos
esa práctica», señala el ministerio
fiscal como respuesta de los
padres en sede judicial.
Todo apunta a que fue en estancias
vacacionales en sus países de
origen cuando las jóvenes fueron
sometidas a ese rito ancestral muy
corriente en una veintena de países
del África subsahariana aunque
también en Egipto o en el nuevo
Irak ultraortodoxo del Estado Islámico
(IS). La mutilación de los genitales
marca el paso de niña a mujer,
trata de preservar su virginidad
hasta el matrimonio y busca garantizar
que las mujeres tengan en su
madurez una sexualidad acorde a
determinados cánones.
La Fiscalía lamenta que, hasta
ahora, los poderes públicos sólo hayan
podido intervenir «cuando la
ablación ya ha tenido lugar». «El
riesgo se encuentra cuando las menores
abandonan el territorio nacional
para ir a sus países de origen. La
protección supondría impedir que
IKER RIOJA ANDUEZA / Vitoria
dichos viajes se produjeran», reseña
en su memoria el fiscal superior del
País Vasco, Juan Calparsoro, que entiende
también que el hecho de que
las intervención quirúrgicas –muchas
veces realizadas en pésimas
condiciones y con claros riesgos para
la salud de las pequeñas– se produzcan
en el extranjero dificulta
tanto conocer la «autoría» de la mutilación
como la «responsabilidad de
los padres» en lo sucedido.
Según datos de Emakunde, se
estima que en el País Vasco son
unos 11.000 los inmigrantes de países
que no han abolido la mutilación
genital como Nigeria, Mauritania
o los citados Malí y Guinea,
de los que 3.100 son mujeres y 800
jóvenes en potecial riesgo de ser
mutiladas. La ablación es un delito
en España y todos los conocedores
del fenómeno alertan que se suelen
aprovechar estancias más o menos
largas en los países de origen para
llevarla a cabo. Allí continúa siendo
una prueba de estatus e incluso
una fiesta de paso a la edad adulta
para las pequeñas. Quienes practican
estas operaciones gozan de
cierto prestigio social.
Las familias que mantienen en el
siglo XXI esta «tradición» se exponen
a penas de prisión en España y
las víctimas de la ablación pueden
serlo por segunda vez al verse abocadas
a quedar internadas en un
centro de menores y, por lo tanto,
solas en un país extranjero. Ante
esta disyuntiva y ante la imposibilidad
de concretar la «responsabilidad
» real de los padres, la Fiscalía
opta por no incrementar el sufrimiento de las pequeñas y no solicita
que los progenitores pierdan la
custodia. Así ha ocurrido, al menos,
en los casos detectados en
2013, según se deduce de la memoria
de la Fiscalía.
«Se trata de familias de las que
la Administración no detecta riesgos
de que precisen de intervención
social. La afectividad entre los
miembros de la familia se conserva
[tras la mutilación genital] y las
necesidades de las niñas están debidamente
amparadas por sus progenitores
[…]. Sacarlas del hogar
familiar no resultaría adecuado»,
sostiene el ministerio fiscal.
Fue el pasado mes de junio
cuando Emakunde anunció el inicio
de una ronda de contactos
con agentes sociales conocedores
de esta problemática con la intención
de abordar un protocolo para
evitar nuevos casos de mutilación
genital en el País Vasco. En
este proceso colabora la antropóloga
Adriana Kaplan, directora de
la Fundación Wassu de la Universidad
Autónoma de Barcelona para
la prevención de la mutilación
genital. Es considerada la mayor
experta en la materia.
La asesora se ha reunido ya con
el lehendakari, Iñigo Urkullu, con
la directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, con el consejero de Salud,
Jon Darpón, con la responsable
de Educación, Cristina Uriarte,
y con el titular de Políticas Sociales,
Juan María Aburto. Se pretende
abordar la prevención desde
una perspectiva integral.