El coronel Ambrosio Martín Villaseñor, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, se libró en febrero de una primera imputación por prevaricación. El Juzgado de Instrucción número 5 investigaba la expulsión a Marruecos, un año antes, de 21 subsaharianos que habían logrado entrar en la ciudad en sendos coches kamikazes, es decir, cruzando de madrugada la frontera a gran velocidad.

El magistrado imputó al delegado del Gobierno, Abdelmalik el Barkani, y se disponía a hacer otro tanto con el coronel, pero éste alegó que estaba fuera de Melilla cuando se produjo la expulsión. Ahora está imputado su segundo, el comandante Arturo Ortega. Esta maniobra le valió a Martín Villaseñor una salva de críticas en la prensa local.

En la larga guerra que libran en la ciudad las ONG de derechos humanos, por un lado, y el delegado del Gobierno y la Guardia Civil, por otro, el coronel ha caído, sin embargo, en un segundo asalto. Y con su imputación queda en entredicho la doctrina del Ministerio del Interior español sobre dónde empieza España.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, imputó la semana pasada por prevaricación al jefe de la Comandancia por haber devuelto en caliente a Marruecos, este verano, a decenas de subsaharianos que lograron saltar las dos vallas o que se encontraban entre ambas vallas que separan a la ciudad de Marruecos. Su auto es un auténtico alegato de 14 páginas contra Interior, cuyos responsables argumentan que se trata de meros rechazos en frontera y no de expulsiones.

Tres ONG, Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein, se querellaron tras grabar en varios vídeos que, en los saltos del 18 de junio y el 13 de agosto, los subsaharianos que se encontraban entre las dos vallas fueron conducidos a Marruecos por antidisturbios marroquíes, que cruzaron la frontera, junto con guardias civiles. A pesar de haber pisado suelo español, no se les aplicó la Ley de Extranjería ni el convenio hispano-marroquí de readmisión de inmigrantes.

En los vídeos se observa, según el juez, «cómo varios subsaharianos son entregados por agentes de la Guardia Civil a las Fuerzas Auxiliares [antidisturbios] marroquíes, pasando primero por la puerta ubicada en la valla interna y posteriormente por la puerta colocada en la zona entre vallas, engrilletados y algunos de ellos (…) lesionados». Varios inmigrantes habrían llegado incluso a sobrepasar la totalidad del perímetro fronterizo y aún así fueron devueltos.

Para justificar su actuación, el coronel Martín Villaseñor esgrimió ante el juez una orden firmada por él, el 11 de abril, titulada: Dispositivo antiintrusión en la valla perimetral de Melilla. En ella sostiene en esencia que el territorio español sólo empieza a partir de la última valla y no entre las dos que circundan la ciudad. Sólo cuando el inmigrante rebasa la última valla está en España. Coincide así con lo expuesto por los responsables de Interior. El ministro, Jorge Fernández, reiteró ayer desde Estados Unidos que España sólo comienza «a todos los efectos» en la valla interior de Melilla.

Tras recordar todos los convenios hispano-marroquíes, desde el primero suscrito en 1859, el juez asegura que la orden «es una derogación de facto de los tratados internacionales suscritos» entre España y Marruecos «en materia de delimitación de los límites fronterizos». Y por haberla redactado y aplicado, imputa por prevaricación al coronel. Las ONG aplaudieron el auto. Deja claro que «el Estado o cualquier agente que esté al servicio de éste no pueden saltarse los acuerdos y tratados internacionales», recalcó el abogado de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez.