MADRID. El juez quiere que el responsable de la Guardia Civil en Melilla  declare el 3 de octubre sobre los hechos ocurridos el 18 de junio y  13 de agosto, cuando un número indeterminado de inmigrantes saltó la  valla, y fueron “entregados de manera inmediata a las fuerzas  auxiliares marroquíes sin aplicar la legislación de extranjería”,  tampoco el convenio de readmisión de inmigrantes firmado con  Marruecos.

Según detalla el auto, el jefe de la Comandancia de la Guardia  Civil de Melilla “dicta la orden ’Dispositivo anti intrusión en la  valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia en  fronteras’ y es la persona al mando del dispositivo”. Se le imputa  para esclarecer “si se llevaron a cabo entregas de ciudadanos  extranjeros a las autoridades marroquíes sin observar la legislación  española vigente y, si esto fuera así, si tal manera de actuar  pudiera ser constitutiva de infracción penal”.

Se trata de un paso más en las diligencias incoadas el pasado mes  de agosto cuando, ante la querella presentada por Andalucía Acoge,  SOS Racismo y Prodein, el juzgado comenzó a investigar la posible  responsabilidad y comisión de delitos en la acción de policías  marroquíes y efectivos de la Guardia Civil durante las devoluciones  de inmigrantes en Melilla del 18 de junio.

El juzgado pidió información entonces a la Guardia Civil, que en  un profuso documento detalló que se había aplicado aquella noche un  “concepto operativo” de frontera que viene funcionando desde 2005 y  según el cual, “sólo se consuma definitivamente” la entrada en  territorio nacional cuando el inmigrante  supera “la valla interna” y  “rebasa la línea de vigilancia y contención establecida”.

EL CONCEPTO DE FRONTERA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

El mismo “concepto operativo” dice, tal y como recoge el auto, que  “en todo caso, los inmigrantes que, rebasando las líneas de  vigilancia y contención establecidas consuman su entrada ilegal en  territorio nacional y son interceptadas por la Guardia Civil (…)  son entregados mediante la correspondiente diligencia al Cuerpo  Nacional de Policía” en línea con la Ley de Extranjería.

El magistrado dice que con este “concepto” que aplica la Guardia  Civil coexisten dos ideas de frontera, una “de naturaleza jurídica” y  otra “de naturaleza operativo o funcional”. “El primero, se acomoda a  los tratados suscritos entre España y Marruecos mientras que el  segundo parece responder a un criterio de gobierno, político o de  simple operatividad policial”, señala el auto, 

Con todo, los vídeos aportados por las ONG en la querella,  demuestran que “varios ciudadanos subsaharianos son entregados por  agentes de la Guardia Civil a las fuerzas auxiliares marroquíes” a  través de la puerta de servicio de la valla “sin que conste que los  mismos fueron trasladados a Jefatura Superior del Cuerpo de Policía  Nacional”, conforme detalla el auto del juzgado.

Por eso, aún “si se acepta como válido el concepto operativo de  frontera”, los ciudadanos subsaharianos “habrían llegado incluso a  sobrepasar la totalidad del perímetro fronterizo, el doble vallado,  atravesando la valla interior, entrando irregularmente en territorio  español”, lo que, según el juez, “habría obligado a aplicarles la  legislación de extranjería”.