Un nuevo auto judicial ha revolucionado el enfrentamiento entre las ONG y el Gobierno por las devoluciones en caliente de inmigrantes en Melilla. El titular de Instrucción número 2 de la ciudad autónoma, Emilio Lamo de Espinosa, ha imputado por prevaricación a Ambrosio Martín Villaseñor, coronel jefe de la Guardia Civil y máximo mando de la Comandancia del enclave español. El magistrado lo cita el 3 de octubre tras considerarlo supuesto responsable de derogar “de facto” los tratados internacionales y la legislación nacional en materia de extranjería en los dispositivos policiales desplegados el 18 de junio y 13 de agosto, cuando dos grupos de subsaharianos fueron retornados a Marruecos tras saltar la valla.

El escrito de imputación resalta que Martín Villaseñor ejerce como “persona al mando” en el instituto armado de la ciudad, además de dictar el protocolo de actuación de los agentes en la triple verja —una orden de servicio titulada Dispositivo antiintrusión en la valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia de fronteras y fechada el 11 de abril de 2014—. Este plan de intervención fue aplicado, según explica la Guardia Civil, durante los dos saltos investigados por el instructor.

En el primero, 400 sin papeles trataron de acceder al municipio, quedando la mitad de ellos atrapados entre las tres vallas que separan España y Marruecos. Todos ellos fueron devueltos al país africano, al igual que un grupo que intentó entrar en Melilla el 13 de agosto. Ese día, varios se quedaron encaramados en la parte superior de la verja. “La mayoría de ellos son ciudadanos de Malí y posibles solicitantes de asilo”, denunciaron entonces las ONG. Antes, un grupo de juristas, ya recalcó que la entrega inmediata a los agentes marroquíes supone una violación de la Ley de Extranjería y los convenios internacionales firmados por España.

Precisamente, el juez respalda en su auto la tesis defendida por las tres ONG (Prodein, Andalucía Acoge y SOS Racismo) que presentaron hace tres meses la denuncia que derivó en la apertura de la presente investigación. El magistrado insiste, primero, en que el entrevallado de Melilla “es suelo español y está sujeto a su soberanía”; además de recalcar que, a partir de la verja exterior, “debe aplicarse la legislación nacional sin limitación de ningún tipo”. Por ello, el instructor afirma que el plan de actuación de la Guardia Civil —donde se considera que un inmigrante solo, tras superar el despliegue de las fuerzas de seguridad, puede acogerse a la Ley de Extranjería— responde a “un criterio de gobierno político o de simple operatividad policial”, sin que conste “una norma jurídica que lo ampare, más allá de una remisión genérica a que se trata de un concepto consolidado desde 2005”.

Es más, Lamo de Espinosa hace hincapié en que la aplicación del Dispositivo antiintrusión también habría “derogado de facto” los tratados internacionales suscritos con Marruecos en materia de delimitación de fronteras. En concreto, se refiere al acuerdo rubricado en 1992, que prevé la devolución de sin papeles al país africano, “pero obliga al mismo tiempo a observar unas mínimas garantías”.

 "Y estas no constan en los días analizados en este procedimiento", remacha el magistrado, que apunta que no se trasladó a los inmigrantes a la Comisaría de la Policía Nacional para su identificación y apertura del correspondiente expediente. Eso sí, el instructor no valora en su escrito de 14 páginas una sentencia del Tribunal Supremo de 2007, que subraya cómo los inmigrantes que logren saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla podrán ser devueltos inmediatamente a Marruecos.

Esta imputación se enmarca dentro de una causa más amplia que investiga la actuación de las Fuerzas Auxiliares marroquíes y de la Guardia Civil en los dos saltos. Las ONG denunciaron las devoluciones y aportaron como prueba sendos vídeos en los que se observa cómo agentes africanos acceden al intervallado por la puerta de servicio, recogen a los hombres atrapados entre las tres verjas y se los llevan esposados. Además, también se aprecian golpes a los sin papeles.

La querella interpuesta fue admitida a trámite por el magistrado, que aprecia posibles delitos de lesiones, trato degradante, coacciones, prevaricación, actos contra los derechos individuales y omisión del deber de impedir la comisión de un delito. Aunque el auto específico que imputa al coronel Martín tiene como objeto únicamente esclarecer si, en los dos episodios, se produjeron a cabo entregas de ciudadanos extranjeros a las autoridades marroquíes de manera ilegal; y deja de lado, por el momento, la investigación de las presuntas palizas.

Las reacciones tras la imputación apenas han tardado en producirse. Frente al silencio de la delegación del Gobierno de Melilla, encabezada por Abdelmalik el Barkani, que ha informado a EL PAÍS que no valorará el auto, ni se pronunciará sobre un posible cese del coronel jefe; la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha arremetido contra el protocolo. “Este no se ha dado por escrito a los agentes, fue leído por los mandos en cinco minutos, generando más dudas que aclaraciones. Y además, no se aceptaron preguntas al respecto”, ha remarcado.

Las asociaciones querellantes, por su parte, han celebrado la imputación. Una “consecuencia lógica de lo que se había instruido hasta el momento”, ha asegurado José Luis Rodríguez, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge. Las ONG piden responsabilidades políticas a Interior, ya que, aseguran, el coronel Martín no ha podido dictar el protocolo utilizado en la valla de motu propio. “Habrá algún representante del ministerio que haya dado instrucciones en este sentido. Pedimos que tenga la valentía de decirlo y de asumir su responsabilidad”, ha reclamado Rodríguez. Y el letrado sentencia: “Ni los guardias ni los mandos intermedios deben continuar obedeciendo estas instrucciones, puestas en entredicho y en objeto de investigación”.