El PP alavés apuntó ayer con dureza
a SOS Racismo tras conocerse
que el fiscal superior del País Vasco
abrirá diligencias para investigar si
el alcalde de Vitoria, Javier Maroto,
cometió un delito al señalar a los
ciudadanos magrebíes por «vivir»
de las ayudas sociales cometiendo
fraude. El diputado general de Álava,
Javier de Andrés, rescató un caso
que enfrentó en los tribunales al
Ayuntamiento con la ONG para
acusar a SOS Racismo de ser el
«principal colaborador» y el «maestro
del fraude» en el cobro de las
ayudas sociales en la provincia, y de
«saquear» así a las arcas públicas.
De Andrés se refirió a una sentencia
de 2010 en la cual el Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco dictaminó
que SOS Racismo de Álava
no tenía legitimidad para empadronar
en su sede a inmigrantes como
había hecho. El tribunal dio la razón
al Ayuntamiento de Vitoria, que cua-
Vitoria tro años antes había dado de baja del
padrón a 374 extranjeros empadronados
en ese espacio, en la calle Zapatería
59. La ONG recurrió esta decisión
ante un juzgado de lo Contencioso-
administrativo, que, como el
Tribunal Superior, no le dio la razón.
«Esta asociación tiene algunos episodios
de vinculación al fraude en las
ayudas sociales», subrayó De Andrés.
«SOS Racismo ha empadronado
en su local de la calle Zapatería
59, donde no hay ni un dormitorio, a
1.256 inmigrantes, hecho absolutamente
falso. Y llegó a tener un mismo
día hasta 764 personas empadronadas
en ese local» para que pudieran
acceder a las ayudas, añadió. Los
inmigrantes se daban de alta en el
padrón en la sede y cuando lograban
ayudas se daban de baja y se empadronaban,
ya de forma real, en una
vivienda que costeaban con dichas
ayudas, explicó. «Esa es la trayectoria
de fraude de SOS Racismo: ha sido
el principal colaborador en el
fraude de las ayudas sociales que ha
habido en Álava, esta es la asociación
que denuncia a Javier Maroto.
No tiene ninguna legitimidad para
cuestionar al alcalde cuando precisamente
el alcalde lo que hace es denunciar
el fraude y quien le denuncia
a él es el mayor experto en el saqueo
de las ayudas sociales», dijo.
También quiso expresar su apoyo
personal y político al regidor por «la
situación que está viviendo», informa
Vasco Press. A su juicio, su «valentía»
le está costando «disgustos» y quienes
le apoyan deben animarle «en
privado, pero también en público».
Antes, la asociación pidió al alcalde
de Vitoria que se retracte de sus
palabras ante el fiscal Juan Calparsoro.
Representantes de este colectivo
dijeron que sería lo más «conveniente,
justo y reparador» que Maroto
se retractase de sus palabras
«conscientes, planificadas, mantenidas,
publicitadas y consolidadas».
Por su parte, el lehendakari Iñigo
Urkullu reconoció ayer que –como
plantea el PP vasco– es necesario
mejorar la gestión de las ayudas sociales
«entre todos los responsables
institucionales», pero dejó claro que
Euskadi no debe «renunciar» a
«atender a los más necesitados».
Urkullu habló así en la inauguración
de las Jornadas de Coordinación
de Defensores de Pueblos que
se celebran en Vitoria centradas en
las familias. El lehendakari dijo que
lo «primero es la dignidad de las personas
», pero apeló a lograr un «pacto
social» sobre las prestaciones públicas
porque en esta situación económica
no se puede «llegar a todo»,
afirmó, tras conocerse que la partida
de 17,3 millones consignada este año
para el apoyo a la conciliación está
agotada. «La equidad, la eficacia y
eficiencia en las ayudas para promover
la natalidad y la conciliación laboral
necesitan de una reflexión en
el contexto del sostenimiento de
nuestro modelo social», aseguró.