Una sentencia judicial dictada a raíz de una denuncia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA) contra el departamento de Seguridad Nacional, y que da amparo a nueve mexicanos que fueron deportados, permitiéndoles presentar sus casos ante un juez de inmigración, sienta un precedente de consecuencias desconocidas pero que puede afectar a decenas de miles de personas que han sido expulsadas de Estados Unidos en el transcurso de los últimos años. Esto es así porque la decisión legitima un cambio en los procedimientos que emplea la guardia de fronteras para tratar con las personas que se encuentran en situación irrgular. Según los demandantes, en los centros de detención de este cuerpo se presiona y se engaña a los detenidos para que firmen su deportación voluntaria pasando de ese modo por alto los derechos que les asisten. Los agentes hacen creer a los inmigrantes que no tienen otra opción, o que al firmar podrán regresar más fácilmente, cuando ocurre todo lo contrario. Son deportados inmediatamente y ya no pueden volver a entrar en EE.UU. en una década.

El año pasado Estados Unidos deportó a 133.000 personas como los demandantes.