El diputado general de Álava, el popular Javier de Andrés, ha afirmado que “es el momento” de replantearse en Euskadi la política relativa a la Renta de Garantía de Ingresos porque “no está logrando, en modo alguno”, la “integración” de la población inmigrante. El consejero de Políticas Sociales del Gobierno vasco, Juan María Aburto, también se ha referido este lunes a esta circunstancia, pero en términos totalmente opuestos. A su juicio, el debate sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no está abierto" y ha defendido esta prestación que “sostiene la dignidad de 65.000 familias en Euskadi”.

En una entrevista en Radio Vitoria, el máximo dirigente de la Diputación foral alavesa se ha mostrado convencido de que “la sociedad vasca, la sociedad alavesa, la sociedad de Vitoria” es “consciente” de que política “que se ha seguido” con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y los inmigrantes “no es la política que es necesaria”.

En su opinión, se debe “saber distinguir” entre “lo que es una crítica a la política que se sigue en esta materia” con lo que es “la dignidad humana de las personas”. De Andrés cree que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto (que este verano reprochó que parte de los inmigrantes magrebíes “viven de las ayudas sociales”) “no ha dejado” de tener en cuenta ambas cosas. A su juicio, es el momento de “replantearse la RGI, porque no está logrando, en modo alguno, la integración de estas personas, que tendría que ser el propósito real de esta política”.

“El debate no está abierto”

El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha sostenido que el debate sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no está abierto" y ha defendido esta prestación que “sostiene la dignidad de 65.000 familias en Euskadi”. Aburto ha participado este lunes en el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ‘Dilemas demográficos y políticas sociales’, que se celebra en el Palacio Miramar de San Sebastián.

Preguntado por los periodistas sobre las críticas vertidas contra la RGI por dirigentes del Partido Popular, en concreto el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y el diputado general de Alava, Javier de Andrés, Aburto ha destacado que “la RGI soporta en estos momentos la dignidad de 65.000 familias en Euskadi y algo que soporta la dignidad de 65.000 familias, cambiarlo seguramente significaría probablemente que nuestra dignidad como sociedad estaría también cuestionada”. En este sentido, ha sostenido que ese debate “no está abierto”.