Cree que si esta polémica no es “encauzada, explicada, y justificada” pueden provocar una “alarma social infundada” >
VITORIA, 28 (EUROPA PRESS)>
Las asociaciones de SOS racismo Álava y Ongi Etorri han mantenido este jueves un encuentro con el Fiscal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, a quien le han trasladado su “preocupación” por el hecho de que las declaraciones del alcalde de Vitoria, el ‘popular’ Javier Maroto, sobre el fraude en las ayudas sociales, puedan provocar en la ciudadanía una “alarma social infundada” que desemboque en “situaciones de riesgo absolutamente gratuitas”.>
En un comunicado, la asociación ha explicado que han solicitado esta reunión con Calparsoro para interesarse por la evolución de la denuncia presentada por ambas asociaciones el pasado 18 de julio por las palabras de Maroto, en las que aseguró que los inmigrantes magrebíes no quieren trabajar y les acusó de ejercer el fraude de forma “escandalosa” a la hora de acceder a ayudas sociales.>
SOS Racismo Álava y Ongi Etorri denunciaron ante la Fiscalía las declaraciones del regidor de la capital alavesa al considerar que “incita al odio y ataca a la dignidad de las personas por motivos raciales”.>
Como han recordado, las asociaciones ampliaron la denuncia inicial, “por la reiteración del alcalde en sus declaraciones excluyentes y racistas, tras haberle instado a que de modo voluntario accediera a retractarse de las mismas”. “No ha sido así hasta el momento”, han lamentado.>
ESTUDIA LA DENUNCIA>
En un principio, sin haber analizado el texto, Calparsoro consideró “difícil” que se pudieran considerar delito. No obstante, las asociaciones han informado de que el Fiscal se encuentra estudiando la denuncia para lo que ha solicitado al Ayuntamiento de Vitoria de “determinados informes en relación con la denuncia inicial”.>
SOS Racismo, por su parte, le ha trasladado su “preocupación” ante la posibilidad de que “determinadas acusaciones a grupos de vecinos, estén provocando en la ciudadanía una alarma social infundada”.>
En este sentido, ha advertido de que si esta polémica no es “encauzada, explicada, y, o justificada, puede llegar a crear situaciones de riesgo absolutamente gratuitas, más aún, cuando las mismas proceden de un alcalde en el ejercicio de sus funciones de representación de todo el vecindario y de toda la ciudadanía”.