El debate sobre la actuación policial que se lleva a cabo en la frontera de Melilla con Marruecos para contener la presión migratoria está lejos de decaer y, en esta ocasión, la denuncia la ha realizado un colectivo que no puede ser acusado por ello de ir en contra de la Guardia Civil.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) hizo ayer público un comunicado muy revelador en el que los agentes reconocen explícitamente dos formas de proceder muy graves: que realizan «devoluciones inmediatas» de inmigrantes a Marruecos por las «indicaciones que les dan» y que se están viendo obligados de forma frecuente a «abrir las puertas de la frontera a las fuerzas de seguridad marroquíes para que actúen en zona española, el entrevallado, con prácticas nada propias de la época en la que vivimos».

Los guardias civiles responden así a las notas y declaraciones realizadas desde la Delegación del Gobierno de Melilla y por su titular, Abdelmalik El Barkani, quien insistió en mostrar su «apoyo incondicional» al Instituto Armado después de que las ONG Human Rights Watch (HRW) y Prodein difundieran unos vídeos en los que quedaban demostradas las entregas en caliente y el trato violento recibido por los inmigrantes. La AUGC, mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, cree que, en vez de palabras de respaldo, lo que deben hacer las autoridades es darles un protocolo de actuación por escrito que les ofrezca seguridad jurídica y que les haga respirar tranquilos cuando salgan de sus casas para ir a cumplir servicio en la frontera.

Hace ya dos años y medio que hicieron esta petición, nunca atendida, pero la asociación insiste porque la considera necesaria para que los agentes se sientan «respaldados jurídicamente» sin tener que verse envueltos en procedimientos penales «por el cumplimiento de órdenes verbales» recibidas de sus mandos.

Los guardias civiles aseguran que las indicaciones cambiaron ligeramente en febrero, cuando 15 inmigrantes murieron ahogados tratando de entrar en Ceuta. Antes de que aquello ocurriera, según AUGC, se les conminaba a «proceder a la devolución sin más trámite» de los inmigrantes que hubieran sorteado las dos vallas, siempre y cuando no rebasaran la línea de efectivos policiales o mientras no fueran perdidos de vista en su huida y fueran alcanzados por algún guardia. Desde hace unos meses, la orden es que sólo se devuelva a los que sean interceptados en el vallado fronterizo.

«Nos preguntamos el porqué de esos cambios», apunta AUGC. En Ceuta, sostienen, se actúa como está recogido en la Ley de Extranjería y en el acuerdo bilateral que España y Marruecos ratificaron hace poco pese a estar firmado desde 1992. Un modelo de actuación que sólo se ha visto alterado ahora, debido a la alerta por el virus del ébola, que requiere de un examen médico previo.

Los agentes sostienen que trabajan intranquilos por la «extrema presión» a la que se ven sometidos por diferentes razones: a las denuncias de las ONG se les suma la acción de los juzgados, que las admiten a trámite. También están las agresiones de los inmigrantes, ante las que no pueden defenderse precisamente por las devoluciones a Marruecos.

La AUGC respondió también en su comunicado a los vídeos. Reconoció que las acciones de los agentes son «un tanto desmesuradas» y «no es la forma más correcta de tratar a personas que huyen del hambre», aunque apuntó que «no son la práctica habitual». «Una gota en el mar no puede dañar la imagen de todo un colectivo», recordó, y coincidió con el Gobierno en que son parciales. No en vano, según el comunicado, esas imágenes muestran «pocos segundos» de un salto que duró 16 horas y esconden los minutos previos en los que los inmigrantes agredieron a los agentes con «una lluvia de piedras y palos», y otros «artilugios» de los que se ayudan para escalar la malla antitrepa. «La acción de los guardias civiles parece así más violenta y fuera de lugar de lo que es en realidad», defendió la AUGC.