En los siete primeros meses del año, desde enero hasta julio, ha efectuado la policía 573 detenciones en la capital. La cifra supone un aumento que ronda el diez por ciento sobre el mismo período del año anterior. En estos siete primeros meses, los arrestados que tienen la condiciones de extranjeros son 67, un número que supera al del 2013, pero con un porcentaje ligeramente inferior a la subida general.

Las infracciones cometidas por extranjeros siguen caminos distintos. No todas las actuaciones policiales y los expedientes administrativos que implican a estas personas tienen su origen en detenciones. De hecho, hay más denuncias que arrestos reales. La expulsión es el último paso.

Las actuaciones rutinarias de la policía, no solo las redadas o intervenciones puntuales en lugares donde se comercia con el sexo, o se venden objetos de dudosa procedencia, conducen a la identificación de buena parte de las personas que acaban siendo expulsados aunque no hayan cometido delito alguno.

De Marruecos, Senegal y Sierra Leona procede un porcentaje significativo de quienes dan nombre a los expedientes de expulsión. Como ocurre con la República Dominicana, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador y Perú, donde acaban gran parte de quienes se ven sometidos a un expediente de expulsión en Ourense. En unos casos habrán pasado por alguno de los ocho Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) existentes en España y volverán en «vuelos macro» con más personas, custodiados o no. En otros, irán en vuelo regular, una vez que la policía los deja en el interior del avión; los menos, esposados y acompañados hasta destino.

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