bilbao – El fiscal superior de Justicia de la CAV, Juan Calparsoro, imprimirá esta semana velocidad a la denuncia de SOS Racismo contra el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto (PP), por las declaraciones en las que aseguró que los inmigrantes magrebíes no quieren trabajar y les acusó de ejercer fraude de forma escandalosa a la hora de acceder a ayudas sociales. Sin referirse directamente al regidor gasteiztarra, Calparsoro le emplaza a que haga uso del lenguaje con “responsabilidad”.

Una vez terminadas sus vacaciones, esta semana el fiscal superior vasco analizará la demanda sin dilaciones dada “la alarma y el interés social” generado por las manifestaciones de Maroto el pasado 16 de julio en las que afirmó que “algunas nacionalidades en nuestra ciudad viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse”, apuntando especialmente a los marroquíes y los argelinos. Semanas después, en vez de rectificar, el alcalde ratificó sus palabras “porque son una verdad como un pino”, y encontró el respaldo de la dirección de su partido. De este modo, el diputado general de Araba, Javier de Andrés, le dio más argumentos al asegurar que “el 70% de los nigerianos está cobrando la citada renta de subsistencia”.

sos racismo Las manifestaciones del regidor de Gasteiz provocaron la inmediata denuncia de SOS Racismo Araba ante la Fiscalía al considerar este colectivo que “incitan al odio y atacan a la dignidad de las personas por motivos raciales”.

En declaraciones a Europa Press, Calparsoro afirmó ayer que le preocupan las declaraciones realizadas por responsables institucionales contra los inmigrantes y les emplazó a que hagan uso de la palabra “con la máxima responsabilidad, por la repercusión que tienen sus palabras y los efectos que pueden producir entre los ciudadanos”.

En un primer momento, sin haber leído aún la demanda de SOS Racismo, Calparsoro consideró “difícil” que las palabras del alcalde Maroto se pudieran considerar delito. En todo caso, cree necesario dirimir el caso porque la Fiscalía puede actuar en supuestos en los que está en juego la convivencia social. En este sentido, señaló que el Código Penal prevé los delitos de “provocación a la discriminación, el odio o la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas o su origen nacional”.

Por su parte, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, afirmó ayer que si hubiera fraude en la concesión de ayudas sociales a inmigrantes en Euskadi, se debería perseguir, pero ha pedido “no señalar a colectivos determinados” para evitar cometer “injusticias”. En declaraciones a Efe, Iceta se refirió a la polémica generada por las palabras del alcalde de Gasteiz y abogó por “no señalar a colectivos determinados, porque en la generalización siempre se cometen injusticias, donde pagan justos por pecadores”. El prelado consideró que, “si existen fraudes o irregularidades, en el ámbito que sea, se deben detectar, individualizar, corregir y prevenir” y recordó que “la crisis tiene rostro de mujer, de anciano, de niño y de inmigrante”.