La Cruz Roja aseguró ayer que espera poder cerrar en los «próximos días» el pabellón deportivo de Tarifa en el que aún están atendiendo a un total de 105 inmigrantes de los más de 1.200 que llegaron hace diez días a la costa andaluza tras ser rescatados cuando cruzaban el Estrecho de Gibraltar en embarcaciones de todo tipo.

Según señaló el presidente de Cruz Roja en Andalucía, Javier García – Villoslada, en estos días han procurado que «no se produjeran conflictos entre los inmigrantes allí concentrados», a los que les han proporcionado asistencia humanitaria de carácter general, siendo atendidos «todos y cada uno de ellos».

Así, han sido puestos a disposición de la Policía Nacional en base al protocolo de actuación, tras lo que, después de hacer las oportunas indagaciones, se están encargando de trasladarlos a distintos centros de internamiento de extranjeros (CIE) del territorio nacional, a recursos de Cruz Roja, y a diferentes centros de ONGs, entre otros.

Desde Cruz Roja se ha destacado el «gran esfuerzo» de los 197 voluntarios que han participado en el dispositivo durante estos días en Tarifa, distribuidos en turnos de 24 horas y venidos desde varias provincias andaluzas.

Hasta el momento, según las citadas fuentes, entre estas personas se han repartido un total de 8.574 comidas y cenas, 1.900 bolsas de higiene, así como 1.260 mantas y equipos de vestuario.

Además, se han utilizado un total de seis ambulancias de Cruz Roja, siete vehículos y cuatro microbuses para el traslado de inmigrantes. También se ha montado un centro móvil de coordinación y asistencia.

Cabe recordar que el otro pabellón polideportivo que se había habilitado en Tarifa para albergar a todos los inmigrantes llegados a la costa ya fue cerrado durante la jornada del pasado lunes.

Superada la retención máxima

Por su parte, fuentes de la organización ‘Andalucía acoge’ han advertido de que después de diez días «no se entiende por qué aún hay un grupo de inmigrantes que no ha pasado a disposición judicial», toda vez que precisan que el plazo máximo de retención son 72 horas.

En este sentido, ha reclamado «garantía de vida y de derechos» para estas personas, algo que, como subrayan, es «lo que nos diferencia a Europa de otros regímenes políticos».

«Estas personas tienen una serie de derechos que deberían ser cumplidos desde el primer momento», finalizó el colectivo.