Bilbao – La llegada al puerto de Bilbao el pasado día 14 de un petrolero en el que viajaban tres polizones naturales de Guinea no solo activó el protocolo sanitario confeccionado para prevenir posibles contagios de ébola. También originó que CEAR – Euskadi, el Comité de Ayuda al Refugiado, movilizara a un equipo de expertos para proporcionar una atención integral a esos ciudadanos africanos, uno de ellos menor de edad y que ya está bajo la tutela de la Diputación Foral de Bizkaia.

La repatriación de los otros dos ciudadanos que no quisieron presentar solicitud de asilo – tras varias visitas de abogados de oficio especializados en asuntos de extranjería – , neutralizó parte de las habilidades acumuladas durante años por esta entidad que, sin embargo, ha seguido de cerca el proceso burocrático que, finalmente, ha desembocado en el regreso de esas personas a su país de origen.

Este reciente episodio de los polizones, atípico en suelo vasco, ha vuelto a poner al descubierto los delicados hilvanes que tejen las vidas de cientos de personas que cada año son atendidas y acompañadas por CEAR – Euskadi – y otros colectivos – en su proceso para resolver su frágil situación; en la mayoría de las ocasiones huyendo de sus países de origen porque sus vidas corren peligro por motivos políticos, religiosos o de raza, entre otros.

El año pasado, por ejemplo, los argumentos expuestos por esos individuos, la historia de sus vidas en definitiva, motivaron que 31 personas – tras la pertinente comprobación por parte de la Administración – se hicieran merecedoras de alguna de las diversas figuras de protección internacional recogidas en la ley que les habilita para residir y trabajar, como un ciudadano más. Un documento de identidad de color rojo es ahora el único elemento que les distingue de los demás.

Sin embargo, obtener esa acreditación no es fácil. Ni siquiera en el caso de que la integridad de la persona solicitante esté en evidente peligro de muerte. La burocracia es, en muchos casos, un enemigo más para la supervivencia de esos hombres y mujeres que cruzan medio mundo para no morir por sus ideas, su color de piel, sus creencias, su identidad sexual o incluso su género, mujeres víctimas de explotación sexual. Cada una de todas esas personas, describía Javier Canivell, coordinador del servicio jurídico de CEAR – Euskadi, “tiene una historia de persecución diferente. Unos vienen de zonas rurales, sin formación, otros son graduados superiores. Hay de todo”. Muchas de ellas necesitan atención psicológica para tratar de superar y de borrar esos años de sus vidas. “La situación no es fácil”, apostillaba Canivell.

“Entran como pueden” Los hay que entran de forma irregular, como polizones en barcos u ocultos en camiones – principalmente los que llegan de zonas del Este de Europa – ; pero también los hay que entran en Euskadi en avión, como simples turistas y que, realmente, vienen buscando protección. “Entran como pueden”, reconocía el coordinador de los servicios jurídicos de este colectivo humanitario. Una vez que solicitan asilo la ley prevé dos fases.

Una primera de admisión – o rechazo – a trámite. Y una segunda de concesión o denegación de la protección internacional. La primera dura un mes necesariamente. La segunda supone una revisión más exhaustiva de su solicitud y puede durar otros tres meses más o, como recordaba Canivell, “por encima de los cinco años”. Recientemente, el presidente de CEAR – Euskadi, Javier Galparsoro, denunciaba la “desidia e indolencia” de la Administración española al referirse al caso del joven de Malí Abdoul Salam Coulibaly, quien lleva más de dos años esperando la resolución definitiva de su petición de asilo.

En el mismo momento en que una persona dice que quiere solicitar asilo se le da una documentación provisional y cuando es admitida a trámite le facilitan esa tarjeta de color rojo que le autoriza a permanecer en España. A partir de los seis meses desde que pide asilo, esa tarjeta, además de a residir autoriza a trabajar. Sin embargo, solo unos pocos lo consiguen ya que las razones para denegar solicitudes son muchas.

“Que hay contradicciones en el relato de los hechos, que provienen de un país seguro, que no se acreditan motivos de persecución, que los motivos han quedado desfasados, que ya no los hay porque la situación del país ha cambiado,… Claro que si esperas cinco años… No es lo mismo Siria hoy que hace cinco años”, subrayaba Canivell. Prueba de ello es que en 2012 solo se concedieron diez protecciones, siete en 2011 y una decena en 2010. La cifra del año pasado se elevó gracias al reconocimiento del estatuto de apátrida para 19 saharauis.