El Gobierno mostró ayer su «absoluto apoyo» a los miembros de la Guardia Civil que están operando en la «defensa de la frontera de Melilla» frente a los inmigrantes ilegales, después de que la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) difundiera unas imágenes en las que se ve a un agente golpeando a uno de los numerosos subsaharianos encaramados a la valla. La Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma realizó un comunicado genérico de respaldo al Instituto Armado sin realizar una investigación previa que precisase las circunstancias concretas en las que se produjeron los hechos denunciados.

El vídeo difundido está fechado el pasado 13 de agosto y muestra a dos grupos de inmigrantes subidos a dos niveles distintos de la valla. Aunque se trata de unas imágenes nocturnas de escasa calidad, se aprecia cómo uno de los agentes trata de agredir reiteradamente con la porra a un inmigrante que se encuentra en una difícil situación de equilibrio. El hombre finalmente cae y, mientras, recibe al menos un golpe en las piernas. La propia valla impide ver qué ocurrió cuando llegó al suelo, donde había tres guardias civiles.

El Ministerio del Interior aseguró ayer que en el Instituto Armado se duda de la autenticidad de las imágenes. Fuentes de la Guardia Civil de Melilla sostienen que el inmigrante no fue detenido, sino que fue expulsado de forma inmediata, que es otra de las denuncias realizadas por HRW en un comunicado recogido por la Cadena Ser en el que su subdirector, Benjamin Ward, aseguró que España no respeta la ley al realizar devoluciones en caliente y en el que pidió que «las autoridades españolas investiguen las acusaciones de uso excesivo de la fuerza y lleven a los responsables ante la Justicia».

Las autoridades, sin embargo, no mostraron empeño ayer en aclarar los hechos. No explicaron –oficialmente– si el vídeo era auténtico o no; si, como parece, se trataba realmente de agentes españoles, si la fecha en la que ocurrieron los hechos es la correcta o si el guardia civil empeñado en derribar al inmigrante había recibido algún tipo de agresión previa. La única explicación, genérica y llena de ambigüedades respecto al caso concreto, fue redactada por la Delegación del Gobierno de Melilla que, «ante las diversas críticas contra la Guardia Civil», quiso poner el énfasis en la «inconveniencia» de juzgar al cuerpo por «unas imágenes parciales que buscan la controversia y que no pueden anular las muchas instantáneas en las que, indubitadamente, se pone de manifiesto la humanidad y cuidado» con la que los agentes cumplen con su obligación. El comunicado citó en este punto el ejemplo de un guardia civil que salvó la vida a una embarazada y a su hija.

«No es tolerable que se criminalice a los inmigrantes porque, llevados por la desesperación, algunos opten por enfrentarse o agredan incluso a los agentes»», afirmó la Delegación, «pero tampoco es admisible que se intente criminalizar a la Guardia Civil tachándola, abiertamente y desde la distancia, de un proceder inhumano y, por tanto, ilegal». El Gobierno pidió la implicación de Europa para resolver «un drama humano desgarrador», calificó la situación de «dramática» y se mostró alarmado «por la facilidad con la que se critica sin ofrecer alternativas realistas».

La Delegación también se dolió, sin concretar, de otras críticas. La última fue realizada por Prodein sobre las agresiones realizadas por agentes marroquíes ante la pasividad de los españoles, que está siendo investigada por un juzgado de Melilla.