El Gobierno busca ayuda para hacer frente a la presión migratoria que soportan los puestos fronterizos españoles y que ha llevado a unos 1.800 inmigrantes a intentar entrar en España por la fuerza en seis saltos a la valla de Melilla registrados en los tres últimos días. A lo que habría que sumar el millar que lograron llegar a Tarifa al ser rescatados en aguas del Estrecho. Las gestiones ante el Gobierno marroquí han servido para frenar en seco la llegada de pateras. Pero sigue sin resolver el problema en la ciudad norteafricana. Por ello, Mariano Rajoy exigió ayer a la Unión Europea una respuesta «clara, entendible y contundente» al fenómeno de la inmigración ilegal, que afecta fundamental y directamente a los socios del sur, esto es España e Italia.

Apelación a Italia

En unas breves declaraciones realizadas tras reunirse en Vilanova de Arousa con dirigentes del PP gallego, Rajoy reconoció la difícil situación que se vive en el Estrecho y en Melilla. Aprovechó que la presidencia semestral de la UE corresponde a Italia, país que también está sufriendo estos días la llegada de embarcaciones repletas de inmigrantes procedentes de África Oriental y Asia, para que impulse medidas comunitarias en favor de los países de procedencia de los inmigrantes . La tesis del jefe del Gobierno es que no basta con la vigilancia policial en las fronteras, sino que hay que valorar las condiciones socioeconómicas de los países emisores e incrementar la ayuda al desarrollo. «Debemos ayudar a aquellas personas que se quieren trasladar a Europa porque, lisa y llanamente, en sus lugares de origen no pueden ni siquiera vivir con dignidad», manifestó el presidente.

La petición española no es nueva ni la realiza Mariano Rajoy de manera aislada. Es una posición que mantienen desde hace mucho tiempo todos los países ribereños del Mediterráneo, es decir los más expuestos a la presión migratoria. Su tesis es que son los responsables del control de las fronteras exteriores, y por lo tanto incurren en los gastos que ello conlleva, pero los beneficiarios de esa labor son todos los países comunitarios. Por ello, reclaman un incremento de los fondos y de los recursos materiales para la vigilancia fronteriza.

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