Las tres ONG que denunciaron los hechos que va a indagar ahora el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 2 de Melilla (Andalucía Acoge, Federación de SOS Racismo y Prodein Melilla) valoraron ayer este auto como la demostración de «la conducta delictiva en la frontera», según apuntó a EL MUNDO el presidente de Prodein Melilla, José Palazón, quien agregó que lo más relevante de esta decisión judicial es que «se reconoce que lo que sucede en la frontera es competencia de España».

Incidiendo en el mismo aspecto, el coordinador de la asesoría jurídica de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela, aludió a que con este auto «se refuerza la tesis defendida por un grupo de juristas, que afirma que se estarían cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales en la zona fronteriza de Melilla y Marruecos». Además, se refirió a la comisión rogatoria que el juez ha enviado a Marruecos, que calificó como «una llamada de atención muy importante al país vecino». Sin embargo, admitió tener «pocas esperanzas de que Marruecos ayude a identificar a los culpables de la paliza».

Rodríguez Candela también apostilló que «la Guardia Civil no impidió la paliza a ese inmigrante dentro del territorio nacional». Por tanto, apoyándose en la apertura de diligencias judiciales, el letrado manifestó que estos hechos serían constitutivos de «un delito cometido en España».

Por último, el secretario de la federación estatal de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, aplaudió que se vaya a investigar esta expulsión encaliente y resaltó la importancia de la prueba del vídeo, «pieza clave para mover esta acción». No obstante, aunque juzgó «positivamente» este auto, también expresó «cautela» porque «hay que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos».