Un juzgado investigará la actuación de agentes marroquíes en la valla de Melilla
Varias ONGs interpusieron una demanda por su actuación tras el intento de entrada de unos 400 inmigrantes subsaharianos el pasado 18 de junio, de los que alrededor de 150 quedaron encaramados y en el espacio comprendido entre las dos vallas
Diario Vasco, , 07-08-2014El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla investigará la actuación llevada a cabo por agentes marroquíes y de la Guardia Civil en la valla fronteriza de la ciudad autónoma, tras la querella presentada por tres ONGs.
La querella fue interpuesta por Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein tras el intento de entrada de unos 400 inmigrantes subsaharianos el pasado 18 de junio, de los que alrededor de 150 quedaron encaramados y en el espacio comprendido entre las dos vallas, aunque ninguno de ellos consiguió quedarse en la ciudad, al ser devueltos a Marruecos.
NUEVO INTENTO FALLIDO
Un grupo de unos 200 inmigrantes de origen subsahariano han intentado este jueves entrar a Melilla a través de la valla que separa la ciudad de Marruecos, aunque ninguno de ellos lo ha logrado, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla.
El intento se ha registrado en torno a las 12,00 horas en las inmediaciones del puesto fronterizo de barrio Chino y ha sido contenido por las fuerzas de seguridad de Marruecos, que actuaron antes de que los inmigrantes llegasen a tocar la valla fronteriza.
Tras avistar a los subsaharianos que intentaban acceder a Melilla, las fuerzas de seguridad españolas montaron un fuerte dispositivo, reforzado por aire por un helicóptero, pero no tuvieron necesidad de intervenir porque los inmigrantes fueron rechazados por las fuerzas auxiliares marroquíes, conocidas como “Mejannies”.
Se trata del primer intento de entrada masiva a Melilla a través de la valla registrada en dos semanas. En la última ocasión, el pasado 25 de julio, Marruecos impidió la entrada de unos 400 inmigrantes de origen subsaharianos que pretendían llegar desde la montaña marroquí del Gurugú hasta la alambrada de la ciudad española.
Según el auto judicial, el juzgado, a partir de un vídeo presentado como prueba por los querellantes, ha acordado la apertura de diligencias para investigar posibles delitos de lesiones, de trato degradante, contra los derechos individuales, coacciones contra el deber de impedir la comisión de un delito y prevaricación.
En el vídeo, según describe el titular del juzgado, Emilio Lamo de Espinosa, se observa cómo fuerzas auxiliares marroquíes, “dentro de territorio nacional”, apalean a un inmigrante, todo ello, en presencia de un coche de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas que se encuentra a “menos de 15 metros” y que no interviene para “detener esa actuación”. El juez resalta, además, que un grupo de inmigrantes que se encontraba entre las dos vallas, entre los que había incluso personas heridas, es conducido a Marruecos por las fuerzas marroquíes que, insiste el auto, “estaban dentro del territorio español”, así como por guardias civiles.
Identificación de los agentes
El intento de entrada masivo al que alude el auto se produjo entre Río Nano y Mariguari sobre las 6:00 horas y estuvo protagonizado por 400 subsaharianos, aunque, según informó en su día la Delegación del Gobierno, ninguno de ellos consiguió acceder a la ciudad.
El juzgado solicita, para poder investigar si los hechos son constitutivos de delito, que se identifique a los miembros de la Guardia Civil que estuvieron presentes en el dispositivo del día 18 de junio, así como a los responsables de dicho dispositivo.
Además, pide un informe que comprenda el protocolo de actuación seguido ese día y cuáles fueron las órdenes concretas que recibieron los agentes sobre la manera de actuar con los inmigrantes, así como que se identifique a aquellos agentes que aparecen en el vídeo cuando un miembro de las fuerzas auxiliares golpea a un inmigrante.
Lamo de Espinosa también insta a que se libre una comisión rogatoria al Reino de Marruecos, con copia del vídeo presentado como prueba, para que se identifique también a sus agentes que participaron en el despliegue.
La resolución del juzgado, fechada el 5 de agosto, no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma y/o de apelación, en un plazo de tres o cinco días, respectivamente.
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